Dos jueces federales han bloqueado ya la aplicación de nuevos requisitos del Servicio Postal de Estados Unidos para las boletas por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre, después de que el juez federal de distrito Carl J. Nichols emitiera una orden judicial preliminar a última hora del domingo. Nichols concluyó que permitir la entrada en vigor de las reglas aumentaría el riesgo de que no se contabilizaran boletas de voto ausente o por correo que, de otro modo, serían válidas, según la AP. Su orden añade un segundo obstáculo a un plan que otorgaría al Servicio Postal una nueva función en la revisión del correo electoral.
El fallo se produjo cuando ya se distribuían boletas en Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin, y mientras otros estados se preparaban para comenzar a enviarlas por correo. También llegó cuando la Corte Suprema estudiaba la solicitud del gobierno para levantar otra orden judicial dictada por la jueza federal de distrito Indira Talwani en Massachusetts. Por lo tanto, la cuestión inmediata es tanto operativa como constitucional: si una agencia federal puede imponer nuevas normas nacionales después de que las autoridades electorales estatales y locales hayan comenzado a ejecutar calendarios establecidos por ley.
El gobierno describe los cambios como salvaguardas para el procesamiento del correo y la presentación de datos, destinadas a mejorar la visibilidad, la rendición de cuentas y la confianza pública. Autoridades estatales, grupos de defensa del voto y empleados postales responden que el sistema se creó demasiado tarde, excede la autoridad presidencial y la del Servicio Postal, y podría provocar el rechazo de boletas que cumplen los requisitos debido a discrepancias administrativas o técnicas. Las posturas contrapuestas convergen ahora en la Corte Suprema cuando faltan menos de dos meses para el día de las elecciones.
Qué cambiaría la regla del Servicio Postal
La regla definitiva de 95 páginas del Servicio Postal, divulgada para inspección pública el 21 de agosto, establece normas nacionales de preparación y presentación de informes para el correo con boletas en elecciones federales. Las oficinas electorales tendrían que utilizar diseños de sobres aprobados y códigos de barras únicos de Intelligent Mail para los sobres de envío y devolución de las boletas. También tendrían que registrar a los usuarios del portal y enviar, mediante un sistema federal, el nombre y la dirección de cada votante por correo, junto con los códigos de barras correspondientes.
Según la regla, una persona quedaría inscrita en una lista estatal específica de participación en el voto por correo y en ausencia cuando se ingresara la información requerida. El Servicio Postal revisaría los envíos de boletas antes de aceptarlos y evaluaría tanto el cumplimiento de los requisitos para los sobres como la inclusión de los destinatarios en la lista de participación. La agencia afirma que el sistema generaría registros conciliables y mejoraría la automatización, y sostiene que muchas objeciones se basaban en malentendidos sobre el funcionamiento de las reglas.
La regla implementa la orden ejecutiva del 31 de marzo del presidente Donald Trump, que instruyó al gobierno a recopilar listas estatales de ciudadanía y al Servicio Postal a proponer normas para las boletas por correo. También pidió investigaciones federales sobre funcionarios o entidades privadas involucrados en suministrar boletas a personas que legalmente no tienen derecho a votar. La orden presentó esas medidas como necesarias para hacer cumplir la ley federal y reforzar la confianza en los resultados electorales.
Dos tribunales llegaron al mismo resultado inmediato
Nichols, nombrado por Trump, se había negado en mayo a bloquear la orden ejecutiva porque los perjuicios alegados por los demandantes aún no eran concretos. Eso cambió cuando el Servicio Postal emitió una regla definitiva que especificaba cómo pretendía proceder. Su decisión del domingo no resolvió definitivamente la demanda; una orden judicial preliminar preserva, en cambio, el sistema vigente mientras el tribunal evalúa si es probable que los impugnantes prevalezcan y si la implementación causaría un daño irreparable.
Talwani llegó a una conclusión similar en un litigio presentado por estados y organizaciones defensoras del derecho al voto. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, mantuvo vigente su orden judicial al determinar que el gobierno no había justificado una medida de emergencia. En su cobertura de ese fallo, Reuters señaló que el tribunal hizo hincapié en que la Constitución asigna la regulación electoral principalmente a los estados y al Congreso, no al presidente.
Una orden judicial oficial anterior describió la medida ejecutiva como una acción con efectos en todo el país sobre la manera en que las autoridades estatales y locales administran las elecciones federales. Señaló que el gobierno reconoció que una lista federal de ciudadanía necesariamente estaría incompleta debido a las limitaciones de los registros federales. Eso no demuestra que el posterior portal del Servicio Postal vaya a fallar, pero explica por qué los tribunales han considerado la exactitud de las listas y el momento de implementación como algo más que preocupaciones abstractas.
La Corte Suprema enfrenta un escenario cambiante
La Corte Suprema levantó anteriormente una suspensión temporal previa al considerar que la disputa era prematura antes de que el Servicio Postal concluyera su regla. Los magistrados dejaron expresamente abierta la cuestión de si las medidas posteriores de implementación serían legales. La regla definitiva, la orden judicial de Massachusetts y la nueva decisión de Nichols han aportado ahora la acción concreta de la agencia que faltaba en la etapa anterior del litigio.
La solicitud pendiente pide a los magistrados intervenir mediante un procedimiento de emergencia, en lugar de hacerlo después de un juicio completo y una revisión ordinaria en apelación. Esa situación procesal importa. Una decisión de suspender una orden judicial permitiría que la regla se aplicara mientras continúa el litigio; no necesariamente resolvería en definitiva la legalidad de la orden ejecutiva ni la autoridad del Servicio Postal. Por el contrario, mantener vigentes las órdenes judiciales preservaría las prácticas estatales existentes para estas elecciones, sin resolver definitivamente qué normas federales podrían permitirse en un ciclo posterior.
El punto de partida constitucional es compartido, pero sus límites están en disputa. La Cláusula Electoral dispone que las legislaturas estatales determinen los tiempos, lugares y modalidades de las elecciones al Congreso, y permite que el Congreso modifique esas reglas. El gobierno sostiene que el Servicio Postal puede regular el correo conforme a las leyes vigentes y que el presidente puede ordenar la fiel ejecución de la ley federal. Los impugnantes argumentan que esas facultades no permiten que el Poder Ejecutivo supedite la elegibilidad de las boletas estatales y la administración electoral a un sistema postal federal.
Los calendarios electorales dejan poco margen
El riesgo práctico aumenta a medida que comienza la votación. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales informa que 20 estados empiezan a enviar boletas por correo dentro del país al menos 45 días antes de una elección, mientras que las boletas para militares y ciudadanos en el extranjero suelen enviarse con 45 días de anticipación. Diez estados comienzan incluso antes. Una vez impresos los sobres, asignados los códigos de barras y transferidos los archivos de votantes a los proveedores, los cambios de última hora pueden exigir nuevas adquisiciones, pruebas, instrucciones y capacitación del personal.
El voto por correo no es un proceso marginal limitado a unas pocas jurisdicciones. Veintinueve estados permiten que cualquier votante solicite una boleta por correo sin tener que justificarlo, según la NCSL, y ocho estados celebran elecciones principalmente por correo. La Comisión de Asistencia Electoral informó que en 2024 se contabilizaron más de 158 millones de boletas y que algo menos del 28% se emitió fuera de un lugar de votación presencial, según su encuesta nacional.
Un denunciante federal alegó que el portal se desarrolló con un cronograma acelerado y era vulnerable a errores que podrían afectar a un gran número de votantes. El Servicio Postal respondió que el portal se diseñó para ofrecer a las autoridades electorales una vía segura para proporcionar listas y que continuaba desarrollándolo de conformidad con las órdenes judiciales. Una investigación periodística independiente también reveló que funcionarios de la agencia habían expresado internamente inquietudes sobre demoras y correo rechazado, aunque esas preocupaciones son alegaciones sobre la implementación y no pruebas de que se perderían boletas específicas.
Beneficios de seguridad y riesgos administrativos
Los partidarios de la regla afirman que los sobres estandarizados y los códigos de barras únicos podrían facilitar la identificación, automatización y trazabilidad del correo con boletas. Una coalición de estados gobernados por republicanos dijo al Servicio Postal que los datos conciliados podrían reforzar la cadena de custodia y la confianza pública. La propia guía de la agencia señala que los requisitos se basan en tecnología postal existente y buscan mejorar tanto el procesamiento como el cumplimiento de la ley federal.
Esos beneficios son plausibles como objetivos de diseño del sistema, pero el litigio depende en parte de si pueden alcanzarse sin rechazar votos válidos. Tradicionalmente, los trabajadores postales no han decidido quién tiene derecho a votar, y su sindicato ha objetado que se incorpore esa función al flujo postal. El presidente del sindicato dijo a la AP que los empleados postales deberían transportar el correo electoral, no verificar quién puede votar. Una discrepancia podría corresponder a un votante no habilitado, pero también podría deberse a una inscripción reciente, un cambio de dirección, un error en el ingreso de datos o una actualización tardía del portal.
La segunda orden judicial mantiene por ahora el sistema vigente de boletas por correo, pero no pone fin a la disputa. La respuesta de la Corte Suprema al caso de Massachusetts podría determinar si las oficinas electorales deben cambiar de rumbo durante la distribución activa de boletas, y todavía podrían presentarse nuevas apelaciones contra el fallo de Nichols. Lo establecido es limitado, pero trascendental: dos jueces que examinaron la regla concluida consideraron que el riesgo de que no se contabilizaran boletas válidas era lo suficientemente grave como para justificar una medida cautelar. Lo que sigue sin resolverse es si el gobierno federal tiene la autoridad y la capacidad operativa para imponer el sistema en primer lugar, y si alguna versión podría implementarse de manera segura con un calendario menos apretado.