Casi 2.200 personas fueron arrestadas en todo Nueva York durante un operativo federal de inmigración de un mes que terminó justo antes del inicio del ciclo escolar, y los distritos enfrentan ahora una consecuencia más difícil de cuantificar: si el miedo mantiene a los niños fuera de las aulas. Más de una docena de sistemas escolares de la región de Albany dijeron al Times Union que están capacitando a sus empleados y preparando a las familias para posibles encuentros con agentes migratorios. La respuesta local refleja un problema educativo nacional. Los directivos escolares deben garantizar el acceso legal a las aulas y, al mismo tiempo, gestionar la asistencia, los expedientes estudiantiles, la comunicación con las familias y los protocolos de crisis en un entorno normativo que cambió más rápido que la mayoría de los manuales de los distritos.

El problema no se limita a los estudiantes que carecen de estatus legal. La cantidad de niños nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes llegó a 15,5 millones en 2024, según el Migration Policy Institute, mientras que otros 2,8 millones de niños habían nacido en el extranjero. En sus hogares conviven ciudadanos, residentes permanentes, titulares de visas e inmigrantes sin autorización, a veces bajo el mismo techo. Para los educadores, eso significa que un cambio en el clima de aplicación de las leyes migratorias puede afectar a una población amplia, incluso si ningún agente federal entra en un edificio escolar.

El fundamento constitucional no ha cambiado. En Plyler, la Corte Suprema determinó que los estados no pueden negar a los niños una educación pública gratuita debido a su estatus migratorio. Por lo tanto, las prácticas de inscripción que desalientan a los niños elegibles pueden causar perjuicios educativos y generar responsabilidad legal. Las escuelas también están sujetas a la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés), que por lo general limita la divulgación, sin consentimiento, de información de identificación personal contenida en los expedientes educativos, salvo excepciones específicas, como una citación emitida conforme a derecho o una orden judicial.

Lo que cambió fue el marco federal de aplicación de la ley en torno a lugares considerados sensibles durante mucho tiempo. En enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocó las directrices que habían limitado los operativos migratorios dentro o cerca de escuelas, iglesias y centros de salud. El DHS afirmó que las reglas anteriores obstaculizaban la aplicación de la ley e instruyó a los agentes a ejercer su criterio. Esa decisión no eliminó el acceso constitucional a la educación desde kínder hasta 12.º grado, la FERPA ni las reglas ordinarias que rigen el acceso a áreas escolares no abiertas al público. Sin embargo, sí eliminó una presunción administrativa de alcance nacional en la que muchos distritos y familias habían confiado.

Las respuestas estatales ahora difieren considerablemente. Nueva York promulgó una ley de 2026 que prohíbe a las escuelas permitir el acceso de las autoridades migratorias a áreas no abiertas al público sin una orden judicial que cumpla los requisitos y restringe la recopilación o divulgación de información relacionada con la inmigración. Los requisitos de la ley distinguen entre una orden firmada por un juez y un documento migratorio administrativo, una diferencia que el personal de recepción puede tener pocos motivos para comprender hasta que llega un agente. En consecuencia, las directrices estatales conjuntas de Nueva York indican a las escuelas que remitan las solicitudes a administradores designados y asesores jurídicos, documenten el encuentro y no entreguen expedientes ni permitan que los estudiantes salgan antes de una revisión jurídica. Los distritos de otros lugares deben guiarse por las leyes de su propio estado, sus normas de acceso y sus asesores jurídicos; un protocolo de Nueva York no puede simplemente copiarse en otra jurisdicción.

La asistencia es el primer riesgo medible

El efecto educativo más inmediato podría producirse fuera del plantel. Las familias pueden cumplir los requisitos de inscripción y aun así mantener a sus hijos en casa porque consideran riesgoso el trayecto a la escuela, la espera en una parada de autobús o una reunión con los padres. Un análisis del Urban Institute de abril de 2026 halló que el 10 % de los adultos de familias inmigrantes con hijos informó que su hogar había evitado la escuela, los servicios de cuidado infantil o las actividades extracurriculares debido a inquietudes migratorias durante 2025. La preocupación era más generalizada que el abandono efectivo de esas actividades: el 37 % de los adultos de familias con estatus migratorio mixto dijo que le preocupaba enviar a los niños a esos entornos, frente al 11 % de los adultos de familias inmigrantes integradas por completo por ciudadanos estadounidenses.

Esos resultados coinciden con investigaciones recientes sobre asistencia. Un estudio revisado por pares sobre redadas migratorias en California encontró un aumento del 22 % en las ausencias estudiantiles diarias tras operativos locales de inmigración a principios de 2025, con los mayores incrementos entre los alumnos más pequeños. El estudio utilizó registros de asistencia escolar y comparó las comunidades afectadas con zonas similares, lo que aporta evidencia más sólida que las anécdotas por sí solas. No obstante, sus autores examinaron un conjunto específico de redadas y distritos; la estimación no debe considerarse una medida universal del efecto en todas las comunidades.

Un panorama nacional independiente apunta en la misma dirección. En una encuesta a 606 directores de escuelas secundarias públicas, el Instituto para la Democracia, la Educación y el Acceso de UCLA encontró que el 63,8 % informó que estudiantes de familias inmigrantes habían faltado a clases debido a políticas o discursos sobre inmigración. El informe de UCLA también halló que el 70,4 % de los directores observó una mayor preocupación estudiantil por el bienestar de sus familias, y el 35,6 % reportó acoso escolar relacionado con el tema. Debido a que los datos describen las observaciones de los directores durante 2025, en lugar de un estatus migratorio verificado o un experimento controlado, no pueden establecer un efecto causal preciso. Sí muestran cuán generalizada era entre los directivos escolares la percepción de la alteración causada.

En este contexto, la asistencia no es solo un indicador administrativo. Los días perdidos reducen el tiempo de instrucción, interrumpen el desarrollo lingüístico y los servicios de educación especial, y pueden debilitar las relaciones con compañeros y adultos que ayudan a los recién llegados a integrarse. También pueden afectar las finanzas de los distritos en los lugares donde la ayuda estatal depende de la matrícula o la asistencia. Por lo tanto, un operativo dirigido contra adultos puede generar costos educativos para niños que son ciudadanos, para compañeros cuyas clases se ven alteradas y para escuelas que deben reasignar personal a labores de enlace y apoyo.

La preparación va más allá de la entrada de la escuela

Es necesario contar con un protocolo visible para la entrada principal, pero no es suficiente. Las cuestiones prácticas abarcan las rutas de autobús, los eventos deportivos, las excursiones, los sistemas de datos, los contactos de emergencia y qué sucede cuando un cuidador no llega a la hora de salida. Una lista de verificación de AASA de alcance nacional insta a los directivos escolares a determinar quién revisará las órdenes, establecer una cadena de mando, capacitar al personal y comunicar las obligaciones del distrito. Esas medidas son controles operativos, no declaraciones sobre política migratoria. Su propósito es evitar que una respuesta improvisada vulnere los derechos de los estudiantes, obstruya a agentes que actúan conforme a la ley o difunda información no verificada.

La gestión de expedientes merece la misma atención. Por lo general, el estatus migratorio es innecesario para la inscripción ordinaria desde kínder hasta 12.º grado, y recopilarlo sin necesidad genera riesgos sin mejorar la enseñanza. En Nueva York, las escuelas no pueden clasificar la ciudadanía, la nacionalidad ni el estatus migratorio como información de directorio. A escala nacional, los distritos todavía deben auditar qué datos recopilan, quién puede verlos, qué proveedores los almacenan y cómo responden los empleados a las solicitudes. Una política bien redactada puede fracasar si un recepcionista, un entrenador o un trabajador de transporte contratado nunca la ha puesto en práctica.

La comunicación plantea un desafío relacionado. Un rumor sobre un operativo migratorio puede propagarse por una comunidad escolar en cuestión de minutos, mientras que un aviso del distrito sometido a revisión jurídica puede tardar horas. Los mensajes que prometen una condición de santuario que excede la autoridad de la escuela pueden tergiversar sus facultades; los avisos vagos pueden intensificar el miedo. Las comunicaciones más útiles distinguen los hechos verificados de la incertidumbre, explican los procedimientos vigentes del distrito sobre acceso y privacidad en los idiomas que las familias hablan en casa e indican adónde dirigir las consultas jurídicas o sobre servicios sociales. Las escuelas no deben intentar brindar asesoría migratoria individual, pero el silencio puede hacer que las familias dependan de las redes sociales.

Albany ofrece un contrapunto importante a la evidencia nacional. Su superintendente dijo al Times Union que la asistencia diaria había aumentado en la International Academy del distrito, aunque algunas familias seguían preocupadas por el trayecto de ida y vuelta al plantel. Atribuyó el resultado a procedimientos ya establecidos, la rápida corrección de rumores y las alianzas con organizaciones locales. Ese relato no constituye una evaluación controlada, pero sugiere un mecanismo que vale la pena medir: la confianza y el apoyo logístico pueden moderar las pérdidas de asistencia incluso cuando un distrito no puede cambiar la política federal.

La conclusión para los educadores

Para los sistemas escolares, la aplicación de las leyes migratorias se está convirtiendo en una prueba de preparación institucional con consecuencias educativas. La legislación aplicable varía según la jurisdicción, pero la evidencia apunta de manera recurrente a cuatro funciones: el acceso legal a los planteles, la protección de los expedientes estudiantiles, la continuidad de la asistencia y el apoyo cuando un cuidador es detenido. Los distritos pueden evaluar esas funciones sin adoptar una postura sobre las prioridades migratorias federales. La pregunta pertinente es si el personal puede cumplir de manera uniforme las obligaciones legales vigentes bajo presión, al tiempo que mantiene vinculados a la enseñanza a los estudiantes que cumplen los requisitos.

La evidencia también respalda la necesidad de separar los sucesos directos de los efectos indirectos. La llegada de un agente a un plantel es visible y lo bastante infrecuente como para activar un plan de crisis; es más fácil pasar por alto a una familia que discretamente falta tres días, abandona un programa extracurricular o evita una reunión de padres. Por ello, los equipos de asistencia quizá deban examinar los cambios por grado, condición de estudiante de inglés y vecindario, sin hacer suposiciones sobre el estatus de ninguna familia en particular. La privacidad, la no discriminación y la reducción al mínimo de los datos recopilados siguen siendo esenciales.

Lo que importa ahora es una implementación medible. Las juntas escolares y los superintendentes podrán evaluar la preparación según la finalización de la capacitación del personal, los tiempos de respuesta, el alcance de las comunicaciones multilingües, la capacidad de derivación a servicios y los patrones de asistencia, no solo por la existencia de una política. A su vez, los investigadores necesitarán datos actuales a nivel de cada estudiante para determinar dónde la exposición a operativos migratorios modifica la asistencia y el aprendizaje, y qué prácticas escolares preservan el acceso. El nuevo ciclo escolar está transformando esa pregunta, antes parte de un debate jurídico abstracto, en una cuestión operativa.