Una jueza federal dictaminó el viernes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó ilegalmente al ordenar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que redujera su fuerza laboral aproximadamente a la mitad, de unos 23.000 empleados a una meta de 11.383.

La jueza federal de distrito Susan Illston concedió un fallo sumario parcial a los sindicatos y otros demandantes que impugnaron el plan, al determinar que el DHS había asumido el control de decisiones de personal que el Congreso asignó a FEMA y no había presentado una justificación fundamentada para la reducción. La orden judicial del 11 de septiembre no dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores ni especificó una orden judicial permanente. En cambio, Illston ordenó a las partes negociar el alcance de las medidas correctivas y presentar una declaración conjunta antes del 9 de octubre si no logran un acuerdo.

La decisión tiene relevancia más allá de la disputa sobre la fuerza laboral federal. FEMA depende de una combinación de empleados permanentes, personal de plazo fijo a tiempo completo y reservistas disponibles cuando se les requiera para movilizarse con rapidez cuando huracanes, inundaciones, incendios y otras emergencias superan la capacidad local. El fallo no impide una futura reestructuración, pero exige que el Poder Ejecutivo respete la separación jurídica creada por el Congreso después del huracán Katrina y que sustente las decisiones importantes de personal en pruebas, en lugar de una meta predeterminada.

El tribunal encontró una cifra sin análisis que la sustentara

La disputa se centró en un plan anual de personal elaborado conforme a una orden ejecutiva de octubre de 2025. Esa directiva exigía que las agencias prepararan y siguieran planes de personal. Según el expediente judicial, altos funcionarios del DHS indicaron a la dirección de FEMA que incluyera una opción para reducir la agencia en 50% antes de que concluyera el año fiscal 2026.

Illston determinó que el expediente administrativo no contenía ningún análisis de la fuerza laboral que respaldara esa cifra. El director de capital humano de FEMA había recomendado mantener la dotación actual, y dos evaluaciones de la misma época realizadas por oficinas regionales y de programas no respaldaban reducir la agencia a la mitad. En cambio, un documento de diciembre de 2025 señalaba que se había encargado a la dirección de FEMA elaborar una estrategia para alcanzar la meta después de que la cifra ya había sido seleccionada.

La jueza concluyó que esta secuencia incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige que las agencias examinen la información pertinente y expliquen la relación entre los hechos y la medida elegida. Su fallo dio la razón a los demandantes respecto de las reclamaciones de que el DHS y FEMA excedieron los límites legales y actuaron de manera arbitraria y caprichosa. No resolvió otras reclamaciones que alegaban que los funcionarios habían actuado al margen de toda autoridad legal, porque sus conclusiones conforme a la APA ya dirimían la disputa central.

El gobierno había argumentado que FEMA tiene amplia flexibilidad para determinar sus necesidades de personal y que la disputa debía regirse por los procedimientos del derecho laboral, en lugar de ser resuelta por un tribunal federal de distrito. Illston rechazó esos argumentos jurisdiccionales. Reuters informó que FEMA y el DHS no respondieron de inmediato el sábado a solicitudes de comentarios.

La ley posterior al huracán Katrina limita el control del DHS

FEMA forma parte del DHS, pero el Congreso la preservó deliberadamente como una entidad diferenciada después de que la respuesta federal al huracán Katrina dejara al descubierto una autoridad fragmentada y una capacidad debilitada. La ley federal pertinente establece que el secretario del DHS no puede reducir sustancialmente las facultades, responsabilidades, funciones o capacidad de FEMA para cumplir sus misiones, a menos que una ley posterior del Congreso autorice específicamente el cambio.

El tribunal determinó que la autoridad sobre el personal figura entre las funciones transferidas a FEMA y que el DHS había interferido con ella. En 2025, el departamento comenzó a exigir que FEMA obtuviera autorización antes de renovar los contratos del Cadre of On-Call Response/Recovery Employees, cuyos integrantes son conocidos como personal CORE. Se trata de empleados de plazo fijo a tiempo completo que trabajan en distintos desastres, a diferencia de los reservistas, que son activados de manera intermitente para incidentes específicos.

FEMA describe los puestos CORE como nombramientos de dos a cuatro años que pueden renovarse mientras continúen las labores por desastres y el financiamiento. Históricamente, los supervisores iniciaban las renovaciones y FEMA las aprobaba sin intervención del DHS. El tribunal determinó que el nuevo régimen de aprobación del DHS eliminó la facultad discrecional que FEMA ejercía desde hacía mucho tiempo y redujo muchas renovaciones a seis meses o un año.

Esa distinción es importante en términos operativos. Los empleados experimentados de plazo fijo administran subvenciones, coordinan la logística, evalúan daños y apoyan recuperaciones prolongadas que se extienden más allá de una sola temporada de tormentas. Los reservistas, a quienes FEMA describe como la columna vertebral de su fuerza laboral de respuesta y recuperación ante desastres en su página de empleos, aportan capacidad adicional en momentos de alta demanda. Reducir cualquiera de los dos grupos puede dejar a la agencia con menos personal experimentado disponible cuando ocurren varios desastres a la vez.

Las no renovaciones de enero dejaron al descubierto el riesgo práctico

El fallo detalla cómo la nueva política afectó a los empleados cuyos contratos vencían a principios de enero. Los directivos de FEMA prepararon la documentación para renovar a 303 trabajadores CORE y solicitaron autorización para prorrogar sus contratos. Esos expedientes no fueron enviados al DHS. En cambio, unos 65 empleados recibieron avisos de no renovación alrededor del 31 de diciembre, a menudo apenas un día antes o en la misma fecha en que terminaban sus nombramientos, y perdieron de inmediato el acceso a los sistemas de la agencia.

El proceso de desvinculación se detuvo el 22 de enero cuando una fuerte tormenta invernal amenazaba gran parte del país. Illston consideró esa marcha atrás como evidencia de que la política no se basaba en una evaluación mesurada de las necesidades de la misión. Posteriormente, FEMA ofreció nuevos nombramientos a algunos de los empleados afectados y, para la fecha del fallo, la agencia ya no permitía sistemáticamente que vencieran todos los contratos CORE.

Ese cambio de circunstancias explica por qué el resultado inmediato es más limitado de lo que solicitaron los demandantes. Quienes impugnaron el plan pidieron la reincorporación, el pago retroactivo, la revocación de los avisos de no renovación y una orden que impidiera aplicar el plan anual de personal. El gobierno afirmó que esas medidas serían demasiado amplias e interferirían con la supervisión del DHS. El tribunal indicó que algunas solicitudes ya no se ajustaban a los hechos actuales, aunque señaló que el DHS todavía controlaba la autoridad para renovar los contratos y que seguían utilizándose plazos más cortos.

Una fuerza laboral que ya estaba bajo presión

El caso llegó tras un año de fuerte pérdida de personal. Un informe de agosto de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) determinó que más de 4.300 empleados —alrededor de 17% de la fuerza laboral promedio de FEMA en el año fiscal 2025— dejaron la agencia, lo que representó un aumento de 55% en las desvinculaciones frente al año anterior. FEMA también contrató a cerca de 2.900 personas, pero funcionarios de la agencia dijeron a los investigadores que las salidas habían mermado el conocimiento institucional y agravado las carencias de personal existentes desde hacía tiempo.

La GAO determinó que FEMA tomó decisiones sobre su fuerza laboral para 2025 y 2026 sin un análisis formal de la cantidad y los tipos de empleados necesarios para cumplir sus misiones actuales y futuras. La agencia anuló en mayo de 2025 su plan estratégico para 2022–2026 y, hasta julio de 2026, no lo había reemplazado. El organismo fiscalizador recomendó un nuevo plan estratégico, un proceso formal de planificación de la fuerza laboral y requisitos del Congreso que vincularan las principales decisiones de personal con ese análisis.

El riesgo es más evidente durante emergencias simultáneas. FEMA informó a la GAO que desplegó a 13.500 empleados después de que los huracanes Helene y Milton azotaran el sureste del país con menos de dos semanas de diferencia en 2024, el mayor despliegue en la historia de la agencia. Algunos trabajadores de recuperación tuvieron que ser reasignados desde otras regiones y parte del personal fue enviado al terreno sin haber completado la capacitación para responder a emergencias. Al comienzo de las temporadas de huracanes de 2024 y 2025, solo 17% y 15% de la fuerza laboral para la gestión de incidentes, respectivamente, estaba disponible porque muchos empleados ya se encontraban asignados a otros lugares.

La reforma sigue siendo posible, pero la dotación de personal debe responder a la misión

El fallo no inmoviliza a FEMA en su estructura actual. Un consejo presidencial de revisión publicó en mayo un informe final que recomendaba cambios amplios en las declaraciones de desastre, los pagos y el equilibrio de responsabilidades entre el gobierno federal y los estados. El plan final pidió una revisión estratégica para determinar los niveles adecuados de personal, en lugar de mantener un recorte de 50% que figuraba en un borrador anterior. Muchas propuestas estructurales requerirían la intervención del Congreso.

Ese enfoque es congruente con la distinción jurídica establecida en la decisión de Illston. Los funcionarios electos pueden fijar prioridades de política pública, el Congreso puede modificar la misión de FEMA y los directivos de la agencia pueden reorganizar el trabajo dentro de sus facultades. Lo que el DHS no podía hacer, según determinó la jueza, era fijar primero un límite máximo para la fuerza laboral, retirar a FEMA el control sobre las renovaciones y luego buscar una justificación una vez iniciada la implementación.

Associated Press informó que FEMA volvió a contratar a algunos trabajadores después de cambios en la dirección y que la reducción total de 50% nunca se completó. Esos hechos podrían limitar las medidas correctivas que finalmente se ordenen, pero no eliminan la conclusión del tribunal de que el proceso violó la ley federal. La próxima etapa determinará si las medidas se centran en restituir a FEMA la autoridad para renovar contratos, ampliar la duración de los nombramientos, reincorporar al personal desvinculado o imponer límites más amplios al plan abandonado.

Qué sigue ahora

Las partes tienen ahora varias semanas para negociar. Si no logran un acuerdo, el escrito que presenten el 9 de octubre identificará las disputas pendientes y el tribunal indicó que se pronunciaría con prontitud. También es posible una apelación, lo que significa que los límites de la autoridad del DHS podrían seguir en disputa incluso después de que el tribunal de distrito establezca las medidas correctivas.

Para las comunidades que enfrentan desastres, la consecuencia más importante a corto plazo es institucional, no numérica. FEMA necesita suficiente personal capacitado en las especialidades adecuadas y disponible en el momento oportuno, al tiempo que mantiene equipos para las labores de recuperación ya en curso. El tribunal no determinó cuál es el tamaño ideal de esa fuerza laboral. Determinó que una directiva departamental sobre dotación de personal no puede sustituir el análisis basado en la misión, la autoridad legal y el razonamiento transparente que exige la ley federal.