Un tribunal federal de apelaciones invalidó por unanimidad la orden de emergencia original del Departamento de Energía que obligaba a una planta de carbón de 1.420 megavatios en Michigan a seguir disponible después de su retiro programado, lo que limita drásticamente una facultad que el gobierno ha utilizado para aplazar el cierre de centrales eléctricas en varios estados.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia determinó el viernes que el departamento no había identificado una emergencia conforme al sentido de la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía Eléctrica cuando ordenó que la central generadora J.H. Campbell, en West Olive, Michigan, permaneciera abierta en mayo de 2025. La jueza Cornelia Pillard escribió que la disposición es un mecanismo limitado y de último recurso, no una herramienta general para revertir el retiro programado de centrales, según el fallo descrito por AP y reportado de manera independiente por Reuters.

La decisión tiene consecuencias inmediatas, aunque no significa que la planta vaya a cerrar el viernes. Brian Wheeler, portavoz de Consumers Energy, dijo a Reuters que la empresa de servicios públicos estaba revisando el fallo y que seguiría cumpliendo la directiva vigente del departamento, con una duración de 90 días. Esa última orden, emitida el 14 de agosto, rige del 17 de agosto al 14 de noviembre y ordena al Midcontinent Independent System Operator, o MISO, mantener disponible a Campbell y recurrir al despacho económico para minimizar los costos.

No obstante, el razonamiento del tribunal somete a considerable presión el fundamento jurídico de esa directiva y de órdenes similares que abarcan instalaciones en Indiana, Washington, Colorado, Florida y Pensilvania. El fallo del viernes abordó la primera orden sobre Campbell, pero el departamento recurrió repetidamente a la misma disposición de emergencia para prolongar las operaciones después de la fecha de retiro de la planta, el 31 de mayo de 2025. Siguen pendientes impugnaciones separadas contra órdenes posteriores. Por lo tanto, la decisión establece una interpretación vinculante para el Circuito del Distrito de Columbia, tribunal que revisa muchas medidas federales en materia energética, al tiempo que deja para procedimientos posteriores la situación operativa inmediata de Campbell y el alcance de las medidas de reparación en los casos derivados.

Lo que decidió el tribunal

La Sección 202(c) autoriza la intervención federal temporal durante una guerra o una emergencia causada por un aumento repentino de la demanda de electricidad, una escasez de energía, de instalaciones de generación o transmisión, de combustible o agua, o por causas comparables. La ley permite al gobierno ordenar medidas temporales de generación, suministro, intercambio o transmisión que atiendan de la mejor manera la emergencia y sirvan al interés público. También contempla órdenes con una duración máxima de 90 días cuando puedan existir conflictos con requisitos ambientales, aunque es posible renovarlas después de consultas adicionales.

El gobierno sostuvo que el aumento de la demanda, el retiro previsto de unidades generadoras y el riesgo de escasez futura justificaban mantener disponible a Campbell. Su directiva de agosto señaló que la planta había operado durante periodos de alta demanda y baja generación intermitente, y citó una evaluación de la North American Electric Reliability Corporation que identificaba un riesgo elevado de déficit a largo plazo en la región de MISO. El departamento también dijo que Campbell tenía previsto cerrar 15 años antes del final de su vida útil de diseño.

El tribunal rechazó la premisa de que esas circunstancias constituyeran el tipo de emergencia existente en ese momento que especificó el Congreso. Pillard escribió que revertir el retiro de la planta, planificado desde hacía mucho tiempo, era una medida disruptiva y que el expediente no demostraba la emergencia exigida por la ley para justificar esa orden extraordinaria. El panel —integrado por el juez presidente Sri Srinivasan y los jueces Pillard y Robert Wilkins— había escuchado argumentos en mayo en los casos consolidados presentados por Michigan, Illinois, Minnesota y grupos ambientalistas y de consumidores. El expediente público identifica a Consumers Energy y MISO como partes intervinientes y muestra que el litigio se consolidó bajo la petición de Michigan.

El fallo no determina si la generación a carbón es deseable ni resuelve la disputa política más amplia sobre el ritmo de los retiros. Decide una cuestión jurídica más limitada: si los hechos citados por el departamento le permitían invocar una facultad de emergencia que elude el proceso habitual de planificación y regulación. La respuesta del panel fue negativa respecto de la orden de mayo de 2025.

Una disputa por costos de $259 millones

La prolongación de las operaciones de Campbell se ha convertido tanto en un asunto para los usuarios de servicios públicos de la región como en un caso sobre la separación de poderes. CMS Energy, empresa matriz de Consumers Energy, informó en una declaración regulatoria de julio que el impacto financiero neto de cumplir las órdenes de emergencia alcanzó los $259 millones hasta el 30 de junio, después de contabilizar $239 millones en ingresos del mercado de MISO. La compañía indicó que pretendía solicitar la recuperación de los costos mediante procedimientos ante la Comisión Federal Reguladora de Energía.

Esos costos no recaen únicamente en Michigan. Consumers solicitó un mecanismo tarifario que distribuiría los gastos de cumplimiento entre las regiones Norte y Central de MISO, lo que podría repartirlos entre clientes de varios estados. La FERC aceptó la reclamación inicial de la empresa de servicios públicos en agosto de 2025, pero posteriormente rechazó la primera presentación de MISO para dar cumplimiento a la decisión; una presentación revisada seguía pendiente cuando CMS entregó su informe del segundo trimestre. La distribución final aún no se ha resuelto, y el fallo del viernes no determina por sí mismo quién pagará los gastos ya incurridos.

La empresa de servicios públicos había previsto retirar la planta de 64 años como parte de una transición de la matriz de generación aprobada mediante procesos estatales. Cuando la primera orden federal llegó pocos días antes del cierre, los reguladores de Michigan y Consumers Energy dijeron que ya se habían dispuesto recursos de reemplazo. Los reportes de la época señalaron que MISO preveía contar con recursos suficientes en condiciones normales de verano, aunque advirtieron que escenarios extremos aún podrían someter a presión la red. El departamento llegó a una conclusión distinta y consideró que el riesgo regional constituía una emergencia que exigía mantener disponible a Campbell.

Ese desacuerdo sobre los hechos es fundamental. Las evaluaciones de confiabilidad a largo plazo identifican de manera habitual riesgos futuros y la necesidad de nueva generación, transmisión, almacenamiento o gestión de la demanda. El fallo del tribunal indica que esas inquietudes de planificación no se convierten automáticamente en una emergencia conforme a la Sección 202(c). Si el gobierno quiere utilizar la disposición, debe vincular su actuación con las condiciones temporales y concretas descritas por el Congreso, en lugar de invocar un desajuste indefinido entre la demanda prevista y los retiros programados.

Alcance nacional, efecto inmediato limitado

El gobierno ha utilizado órdenes similares para mantener en operación media docena de instalaciones antiguas. Las impugnaciones ya avanzan por vías administrativas y judiciales. En Indiana, varios grupos impugnan órdenes que abarcan unidades de las centrales R.M. Schahfer y F.B. Culley. En Washington, el estado y organizaciones de interés público cuestionan la continuidad de las operaciones de la planta Centralia, que tenía previsto dejar de quemar carbón en virtud de un acuerdo estatal de larga data. Una orden en Colorado mantuvo disponibles unidades de la central Craig más allá de sus fechas de retiro programadas.

Esos casos involucran redes, expedientes y argumentos sobre confiabilidad diferentes, por lo que la sentencia del viernes no invalida automáticamente todas las órdenes. Sin embargo, la interpretación del Circuito del Distrito de Columbia limita el margen del gobierno para defenderlas mediante inquietudes generales. Los demandantes ahora pueden señalar una decisión vinculante que exige una verdadera emergencia conforme a la ley, mientras que el departamento puede argumentar que otras regiones o periodos presentaron condiciones más graves.

El litigio sobre Campbell también pone de manifiesto una tensión práctica en la política energética federal. Los centros de datos, la electrificación y la actividad manufacturera están elevando las previsiones de demanda, mientras las empresas de servicios públicos retiran plantas antiguas e incorporan, a ritmos desiguales, generación a gas y renovable, baterías y transmisión. Las autoridades responsables de la confiabilidad han advertido que algunas regiones afrontan una reducción de sus márgenes de reserva. Sin embargo, mantener abierta una planta específica que no es rentable transfiere costos y riesgos operativos, y puede entrar en conflicto con los planes estatales y los límites ambientales. La Sección 202(c) fue concebida para intervenciones temporales, no para resolver ese debate de largo plazo sobre la composición de la matriz energética.

Los grupos ambientalistas y de consumidores que litigaron el caso celebraron la decisión. Antes del fallo, afirmaron que las repetidas prórrogas de Campbell costaban más de $600.000 al día y que MISO había incorporado 5,6 gigavatios de capacidad sin contar la planta, más de la mitad procedente de generación solar. Su declaración de mayo refleja la posición de los demandantes, no una conclusión independiente del tribunal. El Departamento de Energía no había emitido una respuesta al fallo del viernes al cierre de la información utilizada para este artículo.

Qué ocurrirá ahora

Las partes ahora deben determinar cómo se aplica la sentencia a la orden vigente de agosto y a las impugnaciones pendientes contra las directivas emitidas entre ambas. El departamento podría solicitar que el panel o el pleno del Circuito del Distrito de Columbia reconsideren el caso y, con el tiempo, podría presentar una petición ante la Corte Suprema. También podría intentar reunir un nuevo expediente fáctico para órdenes posteriores o recurrir a otras herramientas legales, pero la decisión del viernes deja claro que calificar una inquietud sobre confiabilidad como emergencia no basta por sí solo.

En el caso de Campbell, los hechos a corto plazo no han cambiado: la planta sigue disponible en virtud de la directiva de agosto, y Consumers Energy afirma que la cumplirá mientras revisa la sentencia. Para los clientes del Medio Oeste, el litigio ante la FERC sobre la distribución de costos sigue sin resolverse. Para las otras plantas que permanecen abiertas en virtud de órdenes federales, el fallo establece un nuevo parámetro jurídico potencialmente decisivo, sin poner fin a sus casos.

Por lo tanto, el cambio confirmado más importante es institucional, no operativo. Un tribunal federal de apelaciones impuso un límite a la facultad de emergencia en materia de electricidad en un momento en que el gobierno la utiliza como estrategia nacional. Que Campbell cierre pronto y que ese mismo límite invalide órdenes sobre otras plantas dependerá de la entrada en vigor formal de la sentencia, de nuevas presentaciones judiciales y del próximo paso del gobierno.