Una corte federal de apelaciones mantuvo bloqueadas el jueves las nuevas restricciones del gobierno de Trump a la entrega de boletas electorales por correo, al concluir que la regla probablemente era ilegal y podría privar del derecho al voto a millones de estadounidenses a menos de ocho semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito rechazó las solicitudes de emergencia de funcionarios federales y estados gobernados por republicanos para suspender una orden judicial preliminar emitida la semana pasada. La resolución de nueve páginas mantiene sin efecto las disposiciones centrales de la regla del Servicio Postal de Estados Unidos mientras continúa el litigio. Una solicitud separada del gobierno ya está pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que el fallo del jueves podría no ser la última palabra antes de que se envíen boletas por correo en todo el país.
La regla del Servicio Postal exigiría que los estados cargaran en un sistema federal listas de los destinatarios de boletas por correo y códigos de barras específicos para cada votante, obtuvieran aprobación para los diseños de los sobres de las boletas y usaran códigos de barras coincidentes en los sobres de envío y devolución. El USPS podría negarse a entregar una boleta cuando la información no coincidiera o un votante no figurara en una lista proporcionada por el estado. La corte de apelaciones señaló que el portal necesario para cumplir la regla no estaba operativo y no encontró motivos para revocar la conclusión del tribunal inferior de que los estados no podrían completar a tiempo los cambios requeridos.
La decisión llegó después de que los estados comenzaran a enviar boletas y de que el gobierno diera el inusual paso de solicitar la intervención de la Corte Suprema antes de que se pronunciara el Primer Circuito. Reuters informó sobre el fallo a las 12:56 p. m., hora del Este. La AP indicó que Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin ya habían comenzado a emitir boletas por correo, lo que hacía inmediatas las consecuencias prácticas.
Qué decidió la corte
El Primer Circuito no emitió un fallo definitivo sobre la regla. Analizó si el gobierno y los estados que intervinieron en el caso habían cumplido el exigente criterio para suspender una orden judicial durante una apelación: una alta probabilidad de éxito, daño irreparable, perjuicio limitado para las demás partes y compatibilidad con el interés público. Los jueces Gustavo Gelpí, Julie Rikelman y Seth Aframe concluyeron que las partes solicitantes no habían cumplido con esa carga.
El panel coincidió con la conclusión preliminar de la jueza federal de distrito Indira Talwani de que la regla probablemente regula la manera en que se llevan a cabo las elecciones al Congreso. La Cláusula Electoral de la Constitución asigna esa autoridad en primera instancia a las legislaturas estatales y otorga al Congreso la facultad de modificar las reglas de los estados. No concede al Poder Ejecutivo ni a una agencia la facultad independiente de establecer procedimientos electorales. El gobierno describió la política como una regulación moderada de las operaciones postales, pero el panel señaló que esa caracterización pasaba por alto que la regla estaba dirigida exclusivamente al correo electoral, a los funcionarios electorales estatales y a la validez de las boletas.
Los jueces también rechazaron el argumento basado en la autoridad general del Servicio Postal para gestionar el correo. Señalaron que las leyes de amplio alcance que rigen la recolección, el transporte y la entrega no constituían fundamento suficiente para asumir que el Congreso delegó al USPS parte de su autoridad constitucional sobre las elecciones. Se trata de una evaluación preliminar realizada en el contexto de un procedimiento de emergencia, no de una conclusión definitiva tras una revisión integral en apelación.
Las conclusiones prácticas fueron igualmente importantes. El expediente mostró que los estados necesitarían sobres nuevos, diseños aprobados, tecnología para generar códigos de barras y la carga de datos de votantes en un portal inconcluso. El Servicio Postal tendría entonces que escanear decenas de millones de sobres de boletas y compararlos con los datos de ese sistema. La corte señaló que el gobierno no había refutado seriamente las conclusiones del tribunal inferior de que esos pasos no podrían completarse antes de las elecciones.
El panel también señaló que no había pruebas en el expediente de fraude previo con boletas por correo ni de una amenaza inminente de fraude vinculada a las elecciones de noviembre. Con base en las pruebas presentadas, los jueces concluyeron que activar la regla supondría el riesgo de privar del derecho al voto de forma generalizada, a cambio de beneficios mínimos, si acaso alguno, para combatir el fraude. Esa conclusión se refiere al expediente probatorio de este caso; no declara que el fraude electoral nunca pueda ocurrir.
Cómo llegó la disputa a este punto
El presidente Donald Trump ordenó al Servicio Postal elaborar nuevas restricciones al envío de boletas por correo como parte de una orden ejecutiva de marzo sobre la verificación de la ciudadanía y la administración electoral. El USPS finalizó la regla para implementar la orden el 26 de agosto, aproximadamente una semana antes de que algunos estados debieran comenzar a enviar boletas. Un informe anterior de la AP describió la regla como una medida que prohibía entregar boletas de estados que no presentaran la información requerida sobre los votantes ni adoptaran los controles establecidos para los sobres.
Organizaciones defensoras del derecho al voto y una coalición de estados gobernados por demócratas presentaron nuevas impugnaciones después de que se emitiera la regla definitiva. Talwani dictó una orden judicial preliminar el 4 de septiembre, al determinar que los demandantes probablemente prevalecerían en sus reclamos constitucionales y legales y que la implementación podría causar un daño irreparable. Una reseña judicial publicada ese mismo periodo señaló que la orden preservaba la entrega habitual de boletas en miles de jurisdicciones electorales mientras avanzaba el caso.
El litigio siguió a una ronda anterior en la que la Corte Suprema levantó un bloqueo temporal por razones procesales, antes de que el USPS hubiera finalizado su política. Los demandantes impugnaron entonces la regla definitiva, en vez de una medida propuesta. La resolución del Primer Circuito del jueves limita expresamente su análisis del fondo a la Cláusula Electoral y no decide sobre los reclamos legales adicionales que Talwani consideró con probabilidades de prosperar.
El gobierno sostiene que la orden judicial interfiere con las operaciones del USPS y genera incertidumbre a medida que avanzan los preparativos electorales. En su presentación ante la Corte Suprema, el gobierno describió la regla como una medida postal destinada a proteger la integridad electoral, según un informe de Reuters. El Primer Circuito respondió que el título, el propósito declarado y los requisitos impuestos a los funcionarios electorales estatales dejaban claro el carácter electoral de la regla.
Por qué importa el momento
Todos los estados permiten alguna modalidad de voto por correo. Veintinueve estados permiten que cualquier votante elegible solicite una boleta por correo sin justificar el motivo, y ocho realizan sus elecciones principalmente por correo, según Reuters. Por lo tanto, la regla va más allá de un grupo reducido de jurisdicciones, aunque las leyes estatales y los índices de participación varían ampliamente.
Los administradores electorales diseñan las boletas, encargan los sobres, asignan códigos de rastreo y prueban los sistemas meses antes de la votación. Cambiar esos procesos después de que las boletas comienzan a circular por correo genera riesgos distintos de la disputa jurídica sobre la autoridad presidencial. Un análisis de la AP detalló cómo las operaciones postales, los plazos estatales y los sistemas de rastreo de boletas deben funcionar de manera coordinada para que el correo electoral llegue y se contabilice.
El Primer Circuito se basó en pruebas no refutadas de que las organizaciones que atienden a votantes ya habían retrasado o revisado materiales educativos porque no podían indicarles qué reglas se aplicarían. La League of Women Voters afirmó que la incertidumbre perjudicaba la asistencia para el registro y el voto por correo. OCA–Asian Pacific American Advocates señaló que podría requerir traducciones urgentes y más apoyo lingüístico presencial. Esos perjuicios operativos contribuyeron a que el panel mantuviera el alcance nacional de la orden judicial.
El caso tiene una fuerte carga política, pero la cuestión jurídica del jueves era más acotada que el debate general sobre el voto por correo. Trump y sus aliados sostienen que se necesitan controles más estrictos para proteger las elecciones federales. Los demandantes afirman que el Poder Ejecutivo está desplazando los procedimientos estatales sin autorización del Congreso. La corte no eligió una política electoral; decidió que el gobierno no había justificado la aplicación de esta regla en particular mientras se revisa su legalidad.
Qué sigue
La solicitud de emergencia del gobierno está pendiente ante la Corte Suprema. La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de atender los asuntos de emergencia procedentes del Primer Circuito, puede resolver la solicitud por sí misma o remitirla al pleno de la Corte. Una reseña anterior de la AP señaló que la intervención previa de los jueces no resolvió la constitucionalidad de la regla definitiva del USPS.
A menos que la Corte Suprema actúe, la orden judicial seguirá vigente y el USPS deberá continuar procesando el correo electoral sin las condiciones impugnadas sobre las listas, la coincidencia de códigos de barras y la aprobación de sobres. Las apelaciones y los casos subyacentes en el tribunal de distrito continuarán, y el gobierno aún podrá argumentar que la regla es legal tras la presentación de un expediente y argumentos más completos.
No obstante, el cambio inmediato confirmado es considerable: una corte federal de apelaciones ha mantenido protecciones de alcance nacional frente a un sistema de entrega de boletas que, según la evaluación actual del Poder Judicial, los estados no podrían implementar y que podría impedir que millones de votantes elegibles recibieran o devolvieran sus boletas. La próxima decisión trascendental queda ahora en manos de la Corte Suprema.