La Oficina del Censo propuso contar únicamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para la distribución de escaños en el Congreso en 2030, un cambio respecto del censo de 2020 que excluiría a inmigrantes indocumentados y a muchas personas que viven legalmente en el país con visas temporales.
La norma propuesta, de 23 páginas, fue presentada para inspección pública el miércoles y está programada para su publicación el jueves. La medida redefiniría la «residencia habitual» para el conteo que se realiza una vez por década. La Oficina sostiene que las personas sin ciudadanía ni estatus de residente permanente carecen del vínculo de lealtad duradero necesario para ser consideradas residentes a efectos de la distribución de escaños, incluso si viven y trabajan en Estados Unidos. La propuesta no es definitiva y abre un período de 30 días para comentarios públicos.
El mismo proceso normativo prohibiría incluir preguntas sobre raza, origen étnico u orientación sexual en el formulario abreviado del censo decenal y en otros cuestionarios utilizados para contabilizar a la población. Podrían mantenerse las preguntas sobre sexo biológico, fecha de nacimiento y relaciones entre los integrantes del hogar. La restricción no se aplicaría a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense ni impediría que la Oficina obtuviera información demográfica de registros administrativos.
En conjunto, los cambios podrían modificar la base poblacional utilizada para distribuir los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los estados, trazar distritos electorales para el Congreso y las legislaturas estatales, hacer cumplir las leyes de derechos civiles y distribuir fondos federales. También reunirían dos asuntos jurídicamente distintos —quiénes cuentan para la distribución de escaños y qué datos demográficos aparecen en el formulario del censo— en un único proceso administrativo de gran trascendencia.
La propuesta restringe quién tiene residencia habitual
Para el censo de 2020, los ciudadanos extranjeros que vivían en Estados Unidos fueron contados en la dirección donde vivían y dormían la mayor parte del tiempo, sin importar si su presencia era legal o ilegal. Se excluyó a los visitantes extranjeros que estaban de vacaciones o en viajes cortos de negocios. La nueva propuesta sustituiría ese criterio de presencia física por otro vinculado al estatus legal: se incluiría a ciudadanos y residentes permanentes legales, mientras que los inmigrantes indocumentados y las personas cuyo estatus sea menos duradero que la residencia permanente quedarían fuera de la base para la distribución de escaños.
Esa exclusión más amplia abarcaría a trabajadores temporales, estudiantes internacionales y otras personas que están legalmente en el país, pero no tienen tarjeta de residencia permanente, según las definiciones y la implementación de la norma definitiva. La Oficina solicitó comentarios sobre si algún otro estatus migratorio es lo suficientemente similar a la residencia permanente como para ser incluido. También indicó que podría utilizar registros del Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Estado, el Servicio Postal, los gobiernos estatales y proveedores comerciales para determinar el estatus legal.
Por separado, la agencia evalúa si debe añadir al formulario abreviado del censo una pregunta sobre el estatus legal. La propuesta aún no exige esa pregunta. En cambio, deja abierta la posibilidad de consultar directamente a los hogares, utilizar datos administrativos o combinar ambos métodos. Esa distinción es importante porque una pregunta sobre el estatus legal podría influir en la disposición a responder, mientras que el cotejo administrativo plantea interrogantes distintos sobre la cobertura, la exactitud y el tratamiento de registros contradictorios.
Están en juego escaños de la Cámara y recursos federales
El censo decenal hace más que informar el tamaño de la población. Los resultados oficiales de la distribución determinan cómo se reparten entre los 50 estados los 435 escaños con derecho a voto de la Cámara de Representantes. La población utilizada para la distribución de 2020 fue de 331.108.434 personas, incluidos los residentes de los estados y determinados empleados federales en el extranjero, así como sus dependientes, asignados a un estado de residencia.
Eliminar a grandes grupos de la base de 2030 podría cambiar qué estados ganan o pierden escaños, porque la distribución depende de la población relativa y no solo del total nacional. Los estados con mayores proporciones de no ciudadanos podrían perder población para efectos de la fórmula, aunque esos residentes utilicen carreteras, escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Los efectos no pueden calcularse responsablemente solo a partir de la norma propuesta porque la Oficina no ha publicado un método definitivo de cotejo, una tasa de error ni una estimación de las exclusiones por estado.
El conteo también proporciona los denominadores poblacionales utilizados en todo el gobierno y el sector privado. Demógrafos y organizaciones de derechos civiles dijeron a Reuters que excluir a los no ciudadanos y eliminar las preguntas sobre raza y origen étnico podría distorsionar la redistribución de distritos electorales, la aplicación de las leyes contra la discriminación y las decisiones de financiamiento. Esa es su evaluación de las consecuencias probables, no un resultado medido. La administración sostiene que un cuestionario más breve y menos intrusivo mejoraría las tasas de respuesta y protegería el conteo poblacional básico.
La norma lleva implícita una disputa constitucional
La Sección 2 de la 14.ª Enmienda dispone que los representantes se distribuyan «contando el número total de personas en cada estado», según el texto constitucional. La norma propuesta sostiene que, históricamente, la expresión «personas en cada estado» se refería a habitantes con un vínculo o una lealtad duraderos, no a todas las personas físicamente presentes. Se apoya en parte en decisiones de la Corte Suprema que reconocen la amplia facultad del gobierno federal para definir la residencia habitual de grupos como el personal militar y civil destinado en el extranjero.
Se prevé que los opositores argumenten que la distinción entre «personas» y «ciudadanos» es deliberada y que una persona que vive habitualmente en un estado forma parte de su población independientemente de su estatus migratorio. Litigios anteriores no han producido una decisión definitiva de la Corte Suprema sobre la política exacta que ahora se propone. En 2020, los magistrados desestimaron una impugnación al intento del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados porque el caso era prematuro, con lo que dejaron sin resolver la cuestión constitucional central.
Una decisión distinta de 2019 abordó el intento de la administración de añadir una pregunta sobre ciudadanía al formulario de 2020. La Corte Suprema coincidió en que, por regla general, el gobierno puede preguntar sobre la ciudadanía, pero concluyó que la justificación declarada por el Departamento de Comercio no concordaba con el expediente administrativo. Por lo tanto, la opinión oficial deja claro que las decisiones sobre el censo pueden estar dentro de la autoridad federal y aun así no superar la revisión judicial si la agencia no ofrece una explicación razonada y respaldada por evidencia.
La nueva propuesta se anticipa a los litigios al afirmar que sus criterios de residencia y sus restricciones a las preguntas demográficas son independientes y separables. Si un tribunal bloquea una parte, la Oficina pretende que el resto siga vigente. Esa redacción no puede impedir una demanda, pero podría limitar cuánto de la norma quedaría invalidado si los impugnantes prevalecen en un solo asunto.
Los datos de raza y origen étnico saldrían del formulario abreviado
La norma prohibiría incluir preguntas sobre raza y origen étnico en el conteo decenal, aunque las preguntas demográficas han aparecido en todos los censos desde 1790. La Oficina afirma que esas preguntas pueden aumentar la carga para los encuestados, suscitar inquietudes sobre la privacidad y complicar los métodos para evitar la divulgación de datos que protegen las respuestas individuales. Sostiene que eliminarlas del formulario abreviado podría mejorar la participación y reducir la incertidumbre que surge cuando se protegen los datos detallados contra la identificación de personas.
La Oficina seguiría recopilando información demográfica mediante la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que toma muestras de hogares cada año, y mediante registros gubernamentales. Eso significa que la propuesta no eliminaría las estadísticas federales sobre raza y origen étnico. Cambiaría su fuente, frecuencia y precisión geográfica, y podría separar el conteo oficial para la distribución de escaños de parte de la información demográfica que históricamente se ha publicado junto con él.
Si los datos administrativos pueden sustituir las respuestas directas es una cuestión empírica. Los registros gubernamentales pueden cubrir bien a algunas personas y omitir a otras, y vincular archivos entre agencias puede propagar errores cuando cambian los nombres, las direcciones o los estatus legales. La propuesta de la Oficina afirma que sus registros son amplios y siguen creciendo, pero no demuestra que todas las personas excluidas o clasificadas bajo el nuevo sistema puedan ser identificadas sin errores de importancia.
Qué ocurrirá antes de que entre en vigor cualquier cambio
El Registro Federal consignó que la propuesta fue presentada a las 8:45 a. m. del miércoles, con publicación formal programada para el 10 de septiembre. Se aceptarán comentarios durante 30 días bajo el expediente USBC-2026-0628. La Oficina deberá luego revisar los comentarios sustanciales, decidir si modifica el texto y publicar una norma definitiva antes de que la política pueda regir el conteo de 2030.
Es muy probable que se presenten impugnaciones judiciales, dados los litigios pendientes sobre si deben incluirse los no ciudadanos. Un informe de AP de febrero describió demandas interpuestas por estados gobernados por republicanos que buscan excluir a los inmigrantes indocumentados, mientras que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que la Constitución y la ley del censo exigen contar a los residentes habituales. Esos casos y cualquier impugnación de esta norma podrían determinar cuánto margen de decisión tiene el Departamento de Comercio antes de que los preparativos para 2030 sean difíciles de modificar.
Por ahora, ningún residente ha sido eliminado de un conteo censal y ningún estado ha perdido un escaño en la Cámara ni fondos federales debido a esta propuesta. Lo que cambió el miércoles es que la postura de la administración pasó de ser una directriz presidencial y un argumento judicial a convertirse en un plan regulatorio detallado. Su alcance definitivo dependerá de los comentarios públicos, la evidencia que reúna la Oficina, la redacción de cualquier norma definitiva y, casi con certeza, la revisión de los tribunales federales.