El gobierno de Trump pidió el domingo a la Corte Suprema que permita al Servicio Postal de Estados Unidos aplicar requisitos obligatorios de códigos de barras y listas de votantes para las boletas enviadas por correo antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, después de que una jueza federal bloqueara la norma en todo el país. La nueva solicitud de emergencia coloca una regulación postal de apariencia técnica en el centro de una disputa más amplia sobre quién controla las elecciones federales: los estados que administran la votación, el Congreso o un poder ejecutivo que reivindica autoridad sobre el correo.

Los calendarios electorales ya estaban en marcha. Carolina del Norte comenzó a enviar boletas de voto ausente el 4 de septiembre y Alabama tiene previsto hacer lo mismo el 9 de septiembre, según un informe de AP. Ese calendario deja poco margen a los magistrados para separar las cuestiones jurídicas de las consecuencias operativas. Una suspensión de la orden judicial podría activar la norma nacional mientras las boletas comienzan a ingresar al sistema; mantener vigente la orden judicial preservaría los procedimientos actuales durante las elecciones.

La Corte no ha programado argumentos orales. Su expediente muestra que la solicitud fue presentada a la magistrada Ketanji Brown Jackson, encargada de los asuntos de emergencia procedentes del Primer Circuito, y que las respuestas deben entregarse a más tardar a las 4 p. m., hora del este, del miércoles 9 de septiembre. Jackson puede resolver por sí misma o remitir la solicitud al pleno de la Corte. Cualquiera de las dos vías determinaría si la norma puede entrar en vigor ahora, pero no resolvería de manera definitiva si es legal.

La norma va más allá del diseño de los sobres

La norma definitiva del Servicio Postal impondría un proceso nacional uniforme a las oficinas electorales estatales y locales que utilizan el correo para las boletas de elecciones federales. Los funcionarios electorales tendrían que usar formatos de sobre específicos, colocar códigos de barras Intelligent Mail únicos y serializados en los sobres de envío y devolución, y cargar en un portal del Servicio Postal información sobre los destinatarios autorizados para recibir boletas. La agencia compararía las boletas devueltas por correo con esos registros antes de aceptarlas en el sistema.

Eso supone un cambio importante en las funciones institucionales. Tradicionalmente, el Servicio Postal transporta las boletas enviadas por correo, mientras que los funcionarios estatales y locales determinan la elegibilidad de los votantes, verifican las boletas devueltas y deciden cuáles pueden contabilizarse. Con el nuevo esquema, la aceptación por parte del Servicio Postal dependería de que una oficina electoral proporcionara primero los datos y certificara el cumplimiento. Una boleta enviada por correo asociada a una persona que no figure en la lista suministrada por el estado, o un sobre que carezca del identificador requerido, podría ser rechazado antes de llegar al funcionario electoral encargado de procesarlo.

El gobierno afirma que esa distinción se mantiene. Sus abogados sostienen que el Servicio Postal no administraría los padrones electorales ni decidiría si una boleta debe contabilizarse; la elegibilidad y el escrutinio seguirían rigiéndose por la legislación estatal. Según el gobierno, la función federal se limita a establecer condiciones para un servicio de correo y facilitar la investigación de posibles infracciones. En su presentación más reciente, el gobierno también afirmó que mantener simultáneamente versiones voluntarias y obligatorias de los mismos estándares genera incertidumbre para los funcionarios electorales.

La norma implementa parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 31 de marzo sobre las elecciones federales. La orden instruyó al Servicio Postal a condicionar la entrega de boletas por correo al cumplimiento de estándares federales y a apoyar la aplicación de las leyes que prohíben el voto de personas que no son ciudadanas. El gobierno se basa en el deber del presidente de hacer cumplir la legislación federal y en leyes que otorgan al Servicio Postal amplias facultades para establecer servicios de correo e investigar el uso indebido del sistema postal.

California y los demás impugnantes responden que la autoridad postal no equivale a autoridad electoral. La Cláusula Electoral de la Constitución asigna a las legislaturas estatales la regulación inicial de las elecciones al Congreso, al tiempo que permite al Congreso modificar esas reglas. Su postura es que el Congreso no ha facultado al presidente ni al Servicio Postal para agregar un paso nacional de verificación de votantes a los sistemas estatales de voto por correo. También sostienen que una condición de entrega puede determinar si la boleta de un votante habilitado llega alguna vez al funcionario legalmente responsable de revisarla.

La jueza del Tribunal Federal de Distrito Indira Talwani consideró que esos argumentos tenían suficiente fundamento para conceder medidas cautelares preliminares. Su orden del 4 de septiembre bloquea las partes obligatorias de la norma definitiva para las elecciones de mitad de mandato de 2026, pero permite que el Servicio Postal ofrezca orientación no vinculante y asistencia técnica. Una orden judicial preliminar no resuelve el fondo del caso, pero refleja la conclusión de que los impugnantes probablemente prevalecerán y afrontan perjuicios que no podrían repararse después del día de las elecciones.

Un fallo anterior dejó abierta la cuestión central

La Corte Suprema ya abordó esta controversia sin resolverla. El 24 de agosto, los magistrados levantaron una restricción anterior que había impedido al gobierno avanzar con el proceso de elaboración de la norma. La breve orden permitió que continuara el proceso administrativo, pero no aprobó la norma definitiva ni autorizó su aplicación durante las elecciones de mitad de mandato. La distinción es importante porque el gobierno ahora solicita autorización para aplicar un estándar obligatorio ya concluido a operaciones electorales en curso.

La nueva orden judicial de Talwani sustituyó la barrera temporal más amplia que la Corte Suprema había disuelto. El gobierno retiró su primera solicitud de emergencia de septiembre y presentó la actual después de esa orden sustitutiva, una secuencia procesal reflejada en el expediente. Por lo tanto, el caso llega a los magistrados con una norma ya elaborada, un nuevo análisis de un tribunal inferior y una cuestión más acotada: si el cumplimiento obligatorio debe quedar bloqueado para estas elecciones mientras continúa el litigio.

La secuencia acelerada también complica los argumentos sobre las expectativas ya establecidas. El Servicio Postal propuso los estándares el 2 de junio, cerró el período de comentarios el 2 de julio, hizo que la norma definitiva entrara en vigor el 21 de agosto y la publicó el 26 de agosto. Los funcionarios electorales habían seguido de cerca la propuesta, pero los detalles de cumplimiento obligatorio llegaron menos de diez semanas antes del día de las elecciones. La agencia afirma que las leyes postales le permiten actuar con rapidez porque la eximen de muchos requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo; los opositores sostienen que la administración electoral no puede implementar de manera segura un rediseño nacional tan tardío.

El calendario electoral concentra los riesgos

El voto por correo no es marginal. La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos informó que las boletas por correo representaron el 30,3% de la participación electoral en 2024, frente al 43% de 2020, aunque todavía abarcaron a decenas de millones de votantes. La encuesta de la comisión también subraya que la legislación estatal rige la forma en que las boletas por correo se completan, se devuelven y se verifican. Agregar un control postal previo a esos sistemas afectaría a una parte considerable del electorado, incluso si solo una pequeña fracción de los sobres presentara problemas.

Los estados y los grupos defensores del derecho al voto advierten que implementar nuevas especificaciones para los sobres, códigos de barras, cargas de datos y certificaciones después de iniciada la producción de boletas podría causar rechazos de correspondencia, un trato desigual o confusión entre los votantes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los impugnantes en el caso paralelo de la Liga de Mujeres Votantes, describe la norma como un mandato ilegal que amenaza con privar a votantes de su derecho al sufragio. Esa es una postura de incidencia pública, pero la preocupación operativa es concreta: si se rechaza un sobre durante el traslado, podría quedar muy poco tiempo para notificar al votante y permitirle utilizar otro método.

El gobierno destaca un riesgo distinto. Afirma que las prácticas estatales dispares y las directrices federales opcionales dejan vacíos en la rendición de cuentas sobre las boletas enviadas por correo, mientras que los identificadores serializados estandarizados y los datos de los destinatarios crearían un registro uniforme para auditorías. El Servicio Postal afirma que las boletas completadas que cumplan los requisitos seguirían circulando por su red conforme a las prácticas actuales de procesamiento y entrega. Por lo tanto, la disputa no se reduce a seguridad frente a acceso; la cuestión es si la función de seguridad propuesta corresponde a la etapa de aceptación postal y si el gobierno federal puede imponérsela a los estados.

Qué decidirá la Corte Suprema

Las solicitudes de emergencia exigen que la Corte sopese la probabilidad de que el gobierno prevalezca, la posibilidad de un daño irreparable y el balance de las consecuencias mientras avanza el caso. El gobierno debe convencer a los magistrados de que impedir la aplicación de la norma durante las elecciones de mitad de mandato causa un perjuicio mayor que la alteración que supondría activarla ahora. Los impugnantes deben defender una medida de alcance nacional, aunque los sistemas electorales, las leyes sobre el voto por correo y el grado de preparación para su implementación varían considerablemente entre los estados.

La Corte podría rechazar la suspensión, restablecer la norma completa, limitar la orden judicial o dictar una orden provisional mientras analiza las respuestas. Cualquier decisión podría ser breve y no revelar el voto de cada magistrado. Las señales más inmediatas serán si Jackson remite la solicitud al pleno de la Corte, si los magistrados solicitan escritos adicionales y si distinguen entre los estándares relativos a sobres y códigos de barras y el requisito de cotejo con las listas de votantes.

Cualquiera que sea el resultado de emergencia, el caso de fondo sobre la separación de poderes seguirá pendiente. El Congreso puede regular las elecciones federales y el Servicio Postal puede regular el correo, pero esta norma se sitúa en la frontera entre esas facultades. Una decisión de suspenderla preservaría los sistemas estatales para noviembre sin resolver lo que ocurrirá en elecciones futuras. Una decisión de reactivarla obligaría a un rápido cumplimiento en todo el país y establecería, al menos temporalmente, que la autoridad postal federal puede adentrarse más en la administración electoral de lo que lo ha hecho hasta ahora.