Con la votación por correo ya en marcha y a menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, el gobierno de Trump pidió el domingo a la Corte Suprema que permita al Servicio Postal aplicar nuevas condiciones nacionales a los sobres de las boletas electorales y los datos de los votantes. La solicitud de emergencia lleva ante los magistrados una disputa que avanza con rapidez sobre la autoridad postal, el control estatal de las elecciones y la capacidad operativa, justo cuando las autoridades electorales tienen menos margen para cambiar de rumbo.

La solicitud del gobierno pide al tribunal suspender una orden judicial preliminar que bloquea las disposiciones obligatorias de la regla del Servicio Postal para las elecciones de 2026. La magistrada Ketanji Brown Jackson dio a los demandantes hasta el miércoles para responder, según Reuters. Ese calendario refleja la urgencia, pero no anticipa si el tribunal concederá la suspensión solicitada ni si finalmente avalará la regla.

Lo que está en juego tiene alcance nacional, aunque la disputa se refiere a los procedimientos del correo. Los datos federales muestran que las boletas enviadas por correo representaron el 30.3% de la participación en las elecciones generales de 2024, por debajo del máximo registrado durante la pandemia, pero todavía como un método de votación fundamental. La nueva regla podría afectar cuándo las oficinas electorales pueden entregar al correo los envíos de boletas, qué debe figurar en los sobres y qué información sobre los destinatarios deben proporcionar los estados a un portal federal.

Una tercera solicitud de emergencia ante los magistrados

La presentación más reciente es la tercera solicitud del gobierno para que la Corte Suprema intervenga en el litigio, informó AP. Las actuaciones anteriores impugnaron una orden ejecutiva de marzo antes de que el Servicio Postal concluyera su regla. Los magistrados levantaron en agosto un bloqueo preliminar porque el tribunal inferior había evaluado una regla que aún no se había finalizado, por lo que quedó sin resolver la legalidad de la política definitiva.

Esa distinción es importante. El Servicio Postal publicó su regla final el 26 de agosto, y los estados encabezados por demócratas y las organizaciones defensoras del derecho al voto volvieron a los tribunales para impugnar los requisitos concretos. La jueza federal de distrito Indira Talwani primero concedió una medida temporal y el viernes dictó una orden judicial preliminar aplicable a las elecciones de noviembre. Su orden mantiene el uso voluntario de las recomendaciones postales vigentes desde hace tiempo e impide que la agencia convierta las nuevas disposiciones en condiciones para prestar el servicio.

El gobierno sostiene que esa división genera incertidumbre: las autoridades electorales podrían prepararse conforme a las prácticas existentes mientras continúa el litigio, para luego tener que enfrentar normas obligatorias. Los demandantes responden que la aplicación inmediata provocaría mayores trastornos porque los materiales electorales, los contratos con proveedores y los sistemas informáticos se diseñaron antes de que aparecieran los requisitos definitivos. Por lo tanto, los magistrados analizan una suspensión en un contexto operativo inusualmente apremiante, no deciden sobre un expediente judicial plenamente desarrollado.

Qué exigiría la regla postal

La regla final exige que los sobres de envío y devolución de las boletas para elecciones federales cumplan las normas de procesamiento automatizado, lleven el logotipo oficial de Election Mail y utilicen códigos de barras únicos de Intelligent Mail. Las oficinas electorales deben presentar los diseños de los sobres al Servicio Postal para su revisión. Para los envíos a los votantes, los estados también deben cargar el nombre, la dirección, el estado y la información del código de barras de cada destinatario en un nuevo Portal Federal de Correo Electoral antes de entregar el envío al Servicio Postal.

Los trabajadores postales compararían el envío físico con la información presentada en el portal. Un lote saliente que no cumpla los requisitos podría devolverse al remitente electoral autorizado para su corrección y reenvío. La regla señala que los estados pueden actualizar de forma continua las listas de destinatarios y que el Servicio Postal no determinará quién reúne los requisitos para votar, no mantendrá los padrones electorales ni contará las boletas. Las boletas devueltas por los votantes están sujetas a reglas sobre el diseño de los sobres, pero no a la verificación de la lista de destinatarios aplicada a los envíos salientes.

La agencia presenta el sistema como una forma de mejorar el rastreo, el procesamiento y la visibilidad para las fuerzas del orden. Muchas de las prácticas específicas de diseño ya se recomendaban, y algunos estados las utilizan. Lo que cambia es su combinación obligatoria con datos de cada pieza postal. El Servicio Postal reconoció los comentarios que solicitaban programas piloto, una implementación aplazada, la minimización de datos y salvaguardas para errores menores, pero concluyó que la aplicación inmediata maximizaría el tiempo de preparación y promovería los objetivos de integridad electoral.

El gobierno y la jueza interpretan de manera distinta la autoridad postal

El gobierno sostiene que el Congreso otorgó al Servicio Postal amplias facultades sobre la recolección, el manejo y la entrega del correo. Su presentación caracteriza la regla como una norma moderada de preparación, comparable a los requisitos especiales para otros envíos delicados. Según el gobierno, los estados siguen teniendo libertad para establecer los requisitos de elegibilidad de los votantes, los plazos y los procedimientos de conteo, pero no pueden utilizar la red postal federal y, al mismo tiempo, afirmar que están exentos de condiciones razonables para ese servicio.

Talwani llegó a la conclusión preliminar opuesta. Determinó que la regla funciona como una regulación electoral porque condiciona si las boletas pueden ingresar al sistema postal y, por lo tanto, afecta la manera en que los estados celebran las elecciones federales. Su orden señala que la Constitución asigna la administración electoral principalmente a los estados, sujeta a la intervención del Congreso, y que el Congreso no delegó claramente este tipo de autoridad al Servicio Postal. También concluyó que probablemente existe un problema legal al crear un nuevo fundamento para rechazar material que, de otro modo, podría enviarse por correo.

La política comenzó con una orden ejecutiva de marzo, numerada 14399, que ordenó elaborar la regulación postal como parte de un programa más amplio de integridad electoral. La Casa Blanca vinculó el proyecto con los delitos federales relacionados con el correo y las elecciones. Los opositores sostienen que el Poder Ejecutivo no puede convertir sus facultades postales generales en control sobre los sistemas de boletas administrados por los estados. Ni el fallo preliminar del tribunal de distrito ni una decisión de la Corte Suprema sobre la suspensión resolverían definitivamente ese límite constitucional.

Los costos operativos chocan con el argumento de uniformidad

El tribunal de distrito dio crédito a pruebas de que algunas jurisdicciones ya habían impreso los sobres o no podían añadir códigos de barras individualizados a las boletas producidas localmente y entregadas por vía electrónica. Determinó que las oficinas pequeñas podrían carecer de capacidad de impresión y que los estados no podrían rediseñar de manera confiable los materiales, obtener la aprobación postal, modificar los sistemas de gestión electoral, capacitar al personal y cargar los datos dentro del nuevo calendario. Debido a que los envíos rechazados tendrían que corregirse y volver a presentarse, el tribunal concluyó que las interrupciones podrían impedir que los votantes habilitados recibieran sus boletas.

El gobierno rechaza esa previsión y afirma que muchas jurisdicciones ya siguen gran parte de las directrices de diseño. Sostiene que una orden judicial hace que el cumplimiento parezca opcional precisamente cuando los estados necesitan comenzar, lo que aumenta el riesgo de que una eventual suspensión en apelación llegue demasiado tarde. La presentación también subraya que el Servicio Postal verifica la información proporcionada por los estados en lugar de validar de forma independiente a los votantes, una limitación importante del alcance del portal.

Sin embargo, la escala magnifica incluso una tasa de error baja. La EAC determinó que alrededor del 30% de las boletas de 2024 se emitieron por correo. Las leyes estatales vigentes también varían ampliamente: 29 estados permiten que cualquier votante solicite una boleta por correo sin necesidad de justificarlo, mientras que ocho estados y Washington generalmente permiten elecciones realizadas por completo mediante el voto por correo. Por lo tanto, una única regla federal de preparación recae sobre miles de oficinas electorales con distintos proveedores, leyes y capacidades técnicas.

Los calendarios electorales limitan todas las opciones legales

Carolina del Norte comenzó a enviar boletas el viernes. Está previsto que Alabama haga lo mismo esta semana, y más estados iniciarán la votación por correo a lo largo de septiembre. Un calendario estatal vigente muestra por qué la disputa no puede tratarse como una regulación ordinaria: muchas jurisdicciones deben enviar las boletas 45 días o más antes del día de las elecciones, incluidas las destinadas a los votantes militares y en el extranjero, que están amparados por protecciones federales específicas.

La pregunta inmediata para la Corte Suprema es si el gobierno ha demostrado probabilidades de éxito, un daño irreparable y un equilibrio de intereses que favorezca la suspensión. Los demandantes argumentarán que el tribunal de distrito mantuvo procedimientos consolidados y protegió a los votantes de un cambio de último momento. El gobierno sostendrá que bloquear una regla postal debidamente promulgada perjudica las operaciones federales e impide que el sistema de rastreo prometido funcione durante las elecciones para las que fue diseñado.

Sea cual sea la decisión de los magistrados después de la respuesta del miércoles, las autoridades electorales aún deberán comunicar con claridad que las reglas estatales vigentes rigen para los votantes, salvo que una orden judicial y las directrices oficiales del estado indiquen lo contrario. Una suspensión podría restablecer casi de inmediato las normas federales obligatorias de preparación; una denegación mantendría vigente la orden judicial mientras avanzan las apelaciones. La cuestión de fondo —hasta dónde puede extenderse la administración postal dentro de la administración electoral— seguirá pendiente después de que haya pasado el plazo de noviembre.