La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas verificó la destrucción irreversible de 42 bombas aéreas sin carga en Siria, la primera destrucción de municiones químicas sirias en territorio del país confirmada internacionalmente desde 2014. La jefa de desarme de las Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu, dio a conocer el resultado el jueves ante el Consejo de Seguridad, después de que un equipo de la OPAQ observara la operación en agosto, según el informe oficial de la ONU.
Las bombas eran armas químicas de la Categoría 3: municiones o dispositivos sin carga diseñados para transportar agentes tóxicos. Por lo tanto, su destrucción no neutralizó 42 bombas cargadas con sarín u otra sustancia química, ni demuestra que se hayan encontrado las reservas clandestinas restantes de Siria. Sí elimina medios de transporte de un programa que el anterior gobierno ocultó y marca el paso de localizar remanentes peligrosos a retirarlos físicamente bajo verificación.
Las nuevas autoridades sirias también declararon otra instalación de producción de armas químicas, una sustancia química recién descubierta utilizada para fabricar agentes neurotóxicos, municiones vacías y dos instalaciones de almacenamiento vinculadas con los hallazgos. Estas revelaciones se suman al material recuperado en mayo y hacen del anuncio del jueves un hito operativo, no una declaración de que el expediente está cerrado. El tamaño, la ubicación y el estado de otras existencias de la era de Assad siguen siendo inciertos.
Lo que estableció la operación de agosto
La verificación es el hecho central. Personal sirio llevó a cabo la destrucción física, mientras inspectores de la OPAQ confirmaron que las 42 bombas quedaron inutilizables. El procedimiento del organismo distingue entre la afirmación de un gobierno y un resultado observado internacionalmente, y genera registros de los artículos declarados, el método de destrucción acordado y el resultado. Reuters informó que la misión de agosto fue la primera operación verificada de este tipo en una década.
La categoría es importante porque una carcasa vacía plantea un peligro inmediato distinto al de una munición cargada con un agente neurotóxico, pero sigue estando sujeta a la Convención sobre las Armas Químicas cuando está diseñada para la guerra química. Destruir el dispositivo de transporte impide que posteriormente se lo cargue y utilice. También reduce el riesgo de que material militar sea desviado mientras los inspectores y los equipos sirios registran instalaciones dispersas cuyos archivos pueden estar incompletos o haber sido falsificados deliberadamente.
La operación se llevó a cabo después de una decisión de la OPAQ adoptada en octubre de 2025 que creó un mecanismo acelerado para la destrucción en el lugar cuando un artículo no puede almacenarse o trasladarse de manera segura. Esa decisión exige consultas de Siria con los inspectores, una declaración, un plan de destrucción, la verificación, la protección de las personas y el medioambiente, y la preservación de las pruebas. Permite actuar con rapidez en entornos peligrosos sin convertir la destrucción en una eliminación no documentada en el campo de batalla.
Una declaración que nunca se dio por concluida
Siria se adhirió a la Convención sobre las Armas Químicas en octubre de 2013, después de un ataque con sarín en Guta Oriental, un suburbio de Damasco, y de la amenaza de una acción militar estadounidense. El anterior gobierno declaró aproximadamente 1.300 toneladas métricas de agentes químicos y precursores. Esos materiales declarados fueron retirados y destruidos de manera verificable fuera de Siria, pero la OPAQ señala que persistieron las dudas sobre si la declaración estaba completa, como explica su registro sobre Siria.
La diferencia entre destruir un arsenal declarado y eliminar un programa real se convirtió en el problema central. Los inspectores encontraron reiteradamente inconsistencias, mientras diversas investigaciones atribuyeron ataques posteriores a fuerzas del gobierno sirio. Un informe de la OPAQ publicado en enero determinó que había motivos razonables para creer que la Fuerza Aérea Árabe Siria utilizó cloro en Kafr Zeita en 2016, lo que causó lesiones a 35 personas identificadas y afectó a decenas más. La investigación examinó muestras, entrevistas, modelos, imágenes satelitales e imágenes autenticadas.
Las búsquedas actuales muestran por qué la declaración anterior no podía considerarse exhaustiva. Para mayo, equipos sirios que trabajaban con los inspectores habían localizado más de 70 cohetes y bombas aéreas, además de sustancias químicas y equipos vinculados con la producción de sarín, según dijo un representante sirio a Reuters. La OPAQ indicó que se habían encontrado decenas de municiones no declaradas en lugares de alta prioridad en las regiones costera y central de Siria.
Ese inventario sigue siendo apenas un punto de partida. Expertos de la OPAQ han calculado que podría ser necesario examinar hasta 100 lugares, desde bases militares y laboratorios hasta instalaciones de almacenamiento o administrativas. Un plan de eliminación de marzo, respaldado por Estados Unidos y varios otros gobiernos, preveía meses o años de trabajo. Algunos lugares han sido bombardeados o saqueados, y el programa secreto dejó vacíos en los documentos, la memoria institucional y los conocimientos técnicos.
La cooperación transforma la misión
La caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 modificó el acceso de los inspectores. Durante el mandato de las autoridades anteriores, la OPAQ describió años de obstrucciones y declaraciones controvertidas. El gobierno sucesor concedió acceso a instalaciones y personal, escoltas de seguridad, visas más rápidas y documentación. Desde noviembre de 2025, el organismo mantiene una presencia continua en Siria por medio de su Oficina de Misiones Especiales, que coordina el inventario, la destrucción, la verificación y las investigaciones.
Esa cooperación ha tenido consecuencias tanto políticas como operativas. Los miembros de la OPAQ suspendieron el derecho de voto de Siria en 2021, después de que se determinara que fuerzas gubernamentales habían utilizado armas químicas. En julio de 2026, el Consejo Ejecutivo restituyó esos derechos por consenso tras citar medidas concretas adoptadas por las nuevas autoridades; 67 Estados copatrocinaron la decisión. La restitución de los derechos recompensa la cooperación, pero no certifica que se hayan declarado todas las armas o instalaciones.
Tres misiones distintas de la OPAQ siguen activas. El Equipo de Evaluación de la Declaración examina las lagunas e inconsistencias de los documentos presentados por Siria. La Misión de Determinación de los Hechos establece si se utilizaron sustancias químicas tóxicas como armas. El Equipo de Investigación e Identificación atribuye responsabilidades en incidentes específicos. Mantener separados esos mandatos impide que los avances en la destrucción borren las preguntas sin resolver sobre el programa histórico o la rendición de cuentas por los ataques.
Las condiciones de seguridad aún limitan la búsqueda
Encontrar y destruir remanentes es técnicamente difícil incluso con acceso gubernamental. Los materiales sospechosos deben identificarse, someterse a muestreo y asegurarse sin exponer a los trabajadores ni a las comunidades cercanas. Los inspectores deben distinguir los agentes y precursores prohibidos de las sustancias químicas con usos industriales legítimos, al tiempo que preservan una cadena de custodia que pueda auditarse. La norma fundamental de la Convención sobre las Armas Químicas exige a los Estados destruir las armas y las instalaciones de producción bajo su jurisdicción, no simplemente trasladarlas o abandonarlas.
La seguridad física plantea un segundo problema. El enviado de Siria, Ibrahim Olabi, dijo al Consejo de Seguridad que los reiterados ataques israelíes habían obstaculizado las búsquedas y puesto en riesgo a los equipos sirios. Israel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. El marco acelerado de la OPAQ reconoce por separado que los ataques aéreos, los grupos armados, las instalaciones dañadas y las condiciones inestables pueden hacer inseguro el almacenamiento o el transporte, por lo que en ocasiones la destrucción verificada puede efectuarse donde se encuentre el material.
La disyuntiva contrapone la rapidez con la preservación de las pruebas. Una munición peligrosa puede requerir una destrucción rápida para evitar su robo o una liberación accidental, pero los fragmentos, residuos y registros del lugar pueden ayudar a determinar la magnitud del programa y vincular el material con ataques anteriores. La decisión de la OPAQ exige que los métodos de destrucción protejan a las personas y al medioambiente, al tiempo que preserven las pruebas cuando sea posible. Por lo tanto, cada operación debe resolver un problema de seguridad sin debilitar innecesariamente futuras investigaciones.
La destrucción y la rendición de cuentas ahora convergen
Las autoridades sirias han detenido a 18 personas sospechosas de haber participado en el anterior programa de armas químicas, entre ellas altos funcionarios militares, políticos y técnicos, y Olabi afirmó que se está preparando la primera audiencia judicial. La detención y una audiencia prevista no equivalen a condenas. La identidad de los acusados no se ha dado a conocer públicamente, las pruebas contra cada uno no se han presentado ante un tribunal, y la imparcialidad e independencia del proceso determinarán si constituye una rendición de cuentas creíble.
La misión de destrucción y el proceso legal dependen en parte de las mismas pruebas, pero persiguen resultados distintos. Los inspectores buscan identificar, asegurar y eliminar las armas; los investigadores reconstruyen quién las ordenó, produjo o utilizó. El marco de 2025 de la OPAQ ordena explícitamente recopilar y preservar pruebas para que la eliminación urgente no impida procesos judiciales posteriores. Ese vínculo es importante porque eliminar el material impide su uso futuro, mientras que determinar judicialmente la responsabilidad aborda las conductas pasadas.
Las 42 bombas demuestran que el desarme verificable se ha reanudado dentro de Siria, no que el programa de la era de Assad haya sido eliminado. Las próximas medidas son concretas: declaraciones de instalaciones adicionales, destrucción verificada de las sustancias químicas y municiones recuperadas, resolución de las inconsistencias en la declaración original de Siria y avances documentados en los lugares donde se calcula que deben realizarse búsquedas. La continuidad del acceso determinará si el hito del jueves se convierte en el primer paso para cerrar el expediente o sigue siendo un éxito aislado dentro de un arsenal cuya magnitud aún se desconoce.