Hasta 18.000 escuelas privadas exentas de impuestos y 750.000 estudiantes podrían verse afectados por una propuesta del Departamento del Tesoro que privaría de la exención fiscal federal a las escuelas si alguno de sus programas educativos utiliza criterios raciales. La norma propuesta, divulgada el jueves y cuya publicación está prevista para el viernes, consta de 28 páginas y abarcaría escuelas privadas de primaria y secundaria, instituciones de educación superior, universidades, escuelas profesionales y escuelas de formación técnica a partir de los años fiscales posteriores al 31 de mayo de 2027.
La propuesta iría más allá de las admisiones y alcanzaría las becas, los préstamos, los deportes, las políticas educativas y todos los demás programas administrados o apoyados por las instituciones. Considera discriminatoria una clasificación racial independientemente de que su propósito sea excluir, remediar discriminaciones pasadas o aumentar la diversidad. El Tesoro señala que las escuelas podrán seguir ayudando a estudiantes desfavorecidos con base en los ingresos, la ubicación geográfica, la condición de primera generación universitaria, las dificultades personales, la pertenencia a una familia militar y el desempeño académico, pero no mediante decisiones basadas en la raza, el color o el origen nacional o étnico.
La administración presenta la regulación como una aplicación uniforme de la legislación de derechos civiles tras la decisión de la Corte Suprema de 2023 que limitó el uso de criterios raciales en las admisiones universitarias. Grupos de educación superior sostienen que convertiría una norma tributaria históricamente protectora en una nueva herramienta para actuar contra programas destinados a ampliar las oportunidades. The Associated Press informó que a las escuelas les preocupan especialmente las donaciones, la incertidumbre jurídica y los costos de cumplimiento. La norma es una propuesta, no una regulación definitiva, y probablemente enfrentaría litigios.
La propuesta modifica una distinción de larga data del IRS
Desde hace mucho tiempo, las escuelas privadas deben adoptar y aplicar políticas de no discriminación racial para cumplir los requisitos de la Sección 501(c)(3). Un procedimiento tributario vigente desde 1975 exige que las escuelas publiquen esa política, mantengan registros y certifiquen su cumplimiento. También establece que los programas que favorecen a grupos minoritarios no infringen la norma cuando su propósito y efecto son establecer o mantener la política no discriminatoria de una escuela, incluidas determinadas becas y programas de ayuda financiera.
El Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) proponen ahora eliminar esa distinción. Su nuevo criterio definiría cualquier medida basada en la raza, cualquiera sea su propósito, como incompatible con la exención fiscal, incluidas las medidas destinadas a abordar los efectos de discriminaciones anteriores. El anuncio del gobierno sostiene que presentar las preferencias como equitativas o inclusivas no cambia su naturaleza. Subraya que las escuelas aún podrán impulsar el acceso y combatir los prejuicios siempre que las reglas de elegibilidad sean neutrales en materia racial.
La propuesta se aplica únicamente a organizaciones educativas privadas que operan como entidades exentas de impuestos. Las entidades gubernamentales, sus organismos y las escuelas que esos organismos posean u operen quedan excluidos de esta regulación tributaria específica, aunque las escuelas públicas siguen sujetas a requisitos constitucionales y legales de no discriminación. Las escuelas religiosas podrían conservar sus misiones religiosas y seleccionar estudiantes con base en una afiliación religiosa genuina, siempre que el criterio no sustituya la ascendencia o el origen étnico. Esa combinación hace que la norma tenga un amplio alcance en la educación privada, pero que no sea universal en las escuelas de Estados Unidos.
El fundamento jurídico va más allá de las admisiones
La Sección 501(c)(3) exime de impuestos a las organizaciones dedicadas exclusivamente a fines benéficos o educativos, con límites a los beneficios privados, el cabildeo y las campañas políticas. La ley no define todas las actividades compatibles con los fines benéficos. Durante décadas, el IRS y los tribunales han considerado el cumplimiento de las políticas públicas fundamentales como parte de los requisitos para las organizaciones benéficas, lo que da al organismo una base para denegar una exención cuando las prácticas de una institución contradicen una norma nacional firmemente arraigada.
El precedente central es el caso Bob Jones University v. United States. En 1983, la Corte Suprema ratificó la revocación de las exenciones de una universidad y una escuela cristiana cuyas políticas reforzaban la segregación racial, incluidas restricciones a las relaciones sentimentales y los matrimonios interraciales. La Corte concluyó que la educación racialmente discriminatoria infringía una política nacional fundamental. El Tesoro sostiene que el mismo principio respalda ahora una prohibición categórica de las clasificaciones raciales, incluso cuando las escuelas describen sus objetivos como correctivos y no excluyentes.
La administración también se apoya en SFFA v. Harvard, que determinó en 2023 que el sistema de admisiones de Harvard infringía el Título VI y el de la Universidad de Carolina del Norte vulneraba los requisitos de igual protección. La mayoría concluyó que sus programas carecían de objetivos cuantificables, utilizaban la raza de forma perjudicial, implicaban estereotipos y no tenían un punto final significativo. La nueva regulación aplica ese razonamiento a más instituciones y actividades que las abordadas directamente por el fallo, incluidas las escuelas privadas de educación K-12 y los programas de becas ajenos a las admisiones.
Las becas concentran el mayor efecto cuantificado
La estimación del Tesoro de 750.000 posibles beneficiarios de becas parece precisa, pero proviene de una encuesta de 1994 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), no de un recuento administrativo actual. El IRS no recopila datos sobre la raza o el origen étnico de los estudiantes, y la propuesta reconoce que carece de modelos para cuantificar a los donantes que apoyan fondos con restricciones raciales. Por tanto, la estimación señala la posible magnitud de la exposición, no la cantidad de estudiantes que perderán con certeza la ayuda ni el número de escuelas que actualmente infringen el criterio propuesto.
Los organismos prevén que las escuelas conservarán sus exenciones modificando los requisitos de elegibilidad en lugar de eliminar las becas. Esperan que el valor total y la cantidad de becas otorgadas se mantengan, en términos generales, sin cambios, aunque reconocen que podría variar la composición de los beneficiarios. Las escuelas podrían sustituir los criterios raciales por el ingreso familiar, el vecindario, la condición de primera generación universitaria o las dificultades personales. Esas alternativas pueden coincidir considerablemente con los beneficiarios previstos de los programas actuales, pero no garantizan que se reproduzca la misma distribución racial.
Las restricciones de los donantes plantean un problema operativo más complejo. Una escuela con una beca dotada cuyo documento constitutivo especifique la raza podría tener que negociar con el donante o sus herederos, solicitar una modificación legal, devolver el dinero o dejar los fondos sin otorgar. El Tesoro afirma que todos los fondos de dotación restringidos, incluidas las restricciones no relacionadas con la raza, financian como máximo el 16% del dinero destinado a becas. Por ello, prevé un costo agregado limitado, aunque admite que no puede calcular con precisión los gastos legales y administrativos de las instituciones que poseen los fondos afectados.
La exención fiscal convierte la norma en una poderosa herramienta de presión
Perder la exención puede obligar a una institución a pagar el impuesto federal sobre la renta y alterar la recaudación de fondos, porque la Sección 170 generalmente permite a los contribuyentes deducir las contribuciones benéficas que cumplen los requisitos. Las consecuencias financieras variarían considerablemente: las universidades acaudaladas, las instituciones universitarias dependientes de las matrículas y las pequeñas escuelas religiosas tienen distintos ingresos, bases de donantes y activos. La presión inmediata podría provenir menos de una futura factura tributaria que de la incertidumbre entre donantes, fundaciones, prestamistas y juntas directivas sobre si una institución sigue siendo elegible para recibir apoyo benéfico.
La revocación no ocurriría automáticamente cuando se publique la propuesta ni simplemente porque una escuela utilice la expresión diversidad, equidad e inclusión. El IRS necesitaría hechos que demostraran que una política utiliza una clasificación racial contemplada por la norma, y las instituciones afectadas dispondrían de vías administrativas y judiciales para impugnar una decisión. Aun así, las declaraciones oficiales son deliberadamente contundentes. Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, dijo que las escuelas que mantengan prácticas discriminatorias deben esperar perder su condición de exentas, lo que indica que la regulación busca cambiar conductas antes de que se inicien casos formales para hacerla cumplir.
Los partidarios sostienen que un único criterio neutral en materia racial trata a los estudiantes como individuos y armoniza los beneficios fiscales con la orientación reciente de la Corte Suprema. Los críticos replican que equiparar las exclusiones segregacionistas con programas diseñados para superar sus efectos pasa por alto la historia y extiende el alcance de SFFA más allá de las admisiones. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios evalúa emprender acciones legales, mientras que representantes de instituciones universitarias privadas advierten sobre obligaciones de cumplimiento ambiguas, según Reuters. Esas posturas contrapuestas probablemente influirán tanto en los comentarios públicos como en la posterior revisión judicial.
La norma definitiva aún tardará meses
El público dispondrá de 60 días después de la publicación en el Registro Federal para presentar comentarios y solicitar una audiencia. El Tesoro afirma que prevé considerar las observaciones, hacer las revisiones necesarias y finalizar la regulación antes del 31 de mayo de 2027. El documento actual deja el plazo exacto para presentar comentarios como un espacio reservado que se completará con la fecha de publicación, por lo que las instituciones deberían consultar el expediente oficial cuando se publique, en lugar de calcular un plazo a partir de la divulgación anticipada del jueves.
Si se adopta sin cambios, la regulación se aplicaría a los años fiscales que comiencen después del 31 de mayo de 2027. Ese calendario daría a las escuelas varios meses para revisar sus reglas de admisión, becas, programas estudiantiles, acuerdos con donantes y políticas deportivas. No significa que todas las escuelas incluidas deban abandonar sus objetivos de diversidad. La propuesta permite expresamente las actividades de difusión y asistencia basadas en criterios neutrales en materia racial y preserva los programas destinados a eliminar prejuicios cuando sus beneficios no se asignen según categorías raciales protegidas.
Las preguntas decisivas ahora son si el Tesoro limitará el alcance de la norma después de recibir comentarios, cómo definirá el IRS las prácticas prohibidas al aplicar la norma y si los tribunales considerarán el cambio una actualización legal o una extralimitación de la autoridad tributaria. La propuesta establece una dirección clara, pero no supone la pérdida inmediata de la exención para ninguna institución identificada. Para las escuelas y los estudiantes, su efecto real dependerá del texto definitivo, las decisiones de cumplimiento y el tratamiento judicial de una política que vincula los beneficios fiscales federales con una interpretación ahora categórica de la neutralidad racial.