Casi seis años después de que funcionarios republicanos de Nevada firmaran un documento que declaraba a Donald Trump ganador de un estado que perdió por más de 30.000 votos, una jueza del condado de Clark desestimó esta semana por segunda vez el caso penal en su contra, según NPR. El fallo, emitido el jueves por la jueza Mary Kay Holthus, deja a Wisconsin como el único estado donde sigue activo un proceso penal contra electores falsos, según NPR. La decisión pone fin, al menos por ahora, a uno de los últimos esfuerzos de rendición de cuentas penal vinculados a las secuelas de las elecciones de 2020, y pone de relieve la dificultad jurídica que han enfrentado los estados para encuadrar una maniobra sin precedentes en las leyes penales vigentes.

Los seis acusados —el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald; el vicepresidente del partido, Jim Hindle; el miembro del Comité Nacional Republicano Jim DeGraffenreid; el expresidente del Partido Republicano del condado de Clark Jesse Law; Shawn Meehan; y Eileen Rice— fueron imputados por un gran jurado del condado de Clark en diciembre de 2023 por delitos graves de falsificación y presentación para su registro de un instrumento falso, según el Nevada Independent. Los seis se declararon no culpables. La fiscalía alegó que, en diciembre de 2020, el grupo se reunió frente a la Legislatura de Nevada, firmó un certificado que adjudicaba los seis votos electorales del estado a Trump y al entonces vicepresidente Mike Pence, y envió los documentos por correo a funcionarios federales y estatales, pese a que Joe Biden había ganado el voto popular en Nevada, según NPR.

En su orden escrita, Holthus concluyó que los fiscales estatales no habían presentado pruebas suficientes de que los electores pretendieran engañar a funcionarios públicos para que consideraran auténtico su certificado, según el Nevada Independent. Señaló que los electores anunciaron públicamente sus actos en lugar de ocultarlos. «El hecho de que los acusados anunciaran abiertamente tanto sus acciones como el propósito que afirmaban perseguir, en vez de ocultar su conducta o intentar inducir en secreto a las autoridades a confiar en ella, pesa en contra de una inferencia razonable de que actuaron con intención fraudulenta», escribió Holthus, según el Nevada Independent. También citó testimonios de funcionarios estatales según los cuales el certificado de los electores nunca podría haberse tramitado como un documento auténtico conforme a las leyes de Nevada o las leyes federales. Holthus razonó que la ley sobre falsificación busca impedir que los funcionarios actúen por error basándose en documentos que creen genuinos, un supuesto que, según dijo, las pruebas no sustentaban, de acuerdo con el Nevada Independent.

Holthus concluyó además que los fiscales habían «socavado de manera independiente la integridad de la acusación» al ocultar ciertas pruebas al gran jurado, según el Nevada Independent. Señaló que la propia oficina del fiscal general Aaron Ford había reconocido anteriormente, antes de presentar cargos, que la ley de Nevada «no abordaba directamente la conducta en cuestión», en referencia a la ausencia de una ley que tipificara específicamente como delito la presentación de listas rivales de electores presidenciales, según el Nevada Independent. Los legisladores presentaron proyectos de ley en dos sesiones legislativas recientes que habrían tipificado expresamente esa conducta como delito, pero el gobernador republicano Joe Lombardo vetó ambos, según el Nevada Independent.

La oficina de Ford, que ante la falta de una ley más específica había acusado a los electores con base en las leyes vigentes relacionadas con la falsificación, dijo que planea apelar la desestimación ante la Corte Suprema de Nevada, según NPR. Ese trámite ya se produjo una vez: Holthus desestimó por primera vez el caso en junio de 2024 por motivos de competencia territorial, al determinar que el condado de Clark no tenía vínculo jurídico alguno con la conducta alegada, pues los electores firmaron su certificado en Carson City y lo enviaron por correo desde el condado de Douglas, según el resumen de los escritos judiciales de Wikipedia. El estado apeló y la Corte Suprema de Nevada revocó por unanimidad esa desestimación en noviembre de 2025, con lo que devolvió el caso al condado de Clark, una jurisdicción que los fiscales consideraban más favorable por contar con un grupo potencial de jurados de tendencia demócrata, según el Nevada Independent. Esa ronda de apelación tomó aproximadamente dieciséis meses, y un plazo similar para la apelación actual prolongaría el caso mucho más allá del mandato vigente de Ford. El fiscal general se postula a gobernador en 2026 y es improbable que siga en el cargo para cuando se resuelva cualquier apelación, según el Nevada Independent.

Richard Wright, el abogado defensor de McDonald, calificó de «apresurado» y «prematuro» el plan estatal de apelar y sostuvo que la continuación del proceso obedecía a motivaciones políticas, según NPR. Por separado, los abogados defensores han argumentado, en documentos judiciales citados por NPR, que los actos de los electores constituyeron «teatro político» destinado a dar publicidad a las inquietudes sobre los resultados de 2020, y no un intento de defraudar a funcionarios electorales, según NPR.

El desenlace en Nevada encaja en un patrón más amplio en los siete estados donde aliados de Trump organizaron listas rivales de electores después de las elecciones de 2020. De los cuatro estados que presentaron cargos penales —Georgia, Michigan, Arizona y Nevada—, los tribunales ya desestimaron por completo los casos de Georgia y Michigan, según NPR. El caso de Arizona, presentado por la fiscal general demócrata Kris Mayes, también fue desestimado a comienzos de este verano después de que la Corte Suprema estatal se negara a reactivar una acusación que un tribunal inferior había anulado por una violación del debido proceso. Mayes ha dicho que pretende presentar el caso ante un nuevo gran jurado, según NPR. Wisconsin, donde el fiscal general Josh Kaul presentó cargos en junio de 2024 contra personas que entregaron al Congreso el certificado falso del estado, sigue siendo la única jurisdicción con un caso activo, según NPR. Nuevo México y Pensilvania nunca presentaron cargos, pues las autoridades de ambos estados concluyeron que sus leyes sobre falsificación no abarcaban claramente esa conducta, según un registro de seguimiento de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Un fiscal especial retiró a finales de 2024 un caso federal en el que se había acusado al propio Trump de conspirar para revertir el resultado electoral, tras su victoria en las elecciones, según NPR.

El patrón refleja un obstáculo estructural, no partidista, común a la mayoría de estos procesos: las leyes estatales sobre falsificación y presentación de documentos falsos fueron redactadas para fraudes documentales convencionales y no abordan directamente un supuesto en el que varias personas presentan abiertamente una lista rival de electores y declaran públicamente su intención, en vez de engañar en secreto a las autoridades. Ese vacío ya ha surgido en fallos de jueces de varios estados, incluidos Nevada, Georgia y Michigan, y es el mismo que llevó a los legisladores de Nevada, con el respaldo del propio Ford, a intentar en dos ocasiones aprobar una nueva ley que habría prohibido expresamente la práctica, pero que Lombardo vetó, según el Nevada Independent. Las desestimaciones en Nevada, Georgia y Michigan se produjeron bajo la supervisión de fiscales generales tanto republicanos como demócratas, y hasta la fecha ninguna ha sido revocada en apelación, lo que subraya que las deficiencias jurídicas radican en la redacción de las leyes vigentes y no en las prácticas de una sola administración o partido.

Por otra parte, el caso tiene una dimensión política en el panorama jurídico actual de Nevada: en noviembre de 2025, Trump indultó a decenas de personas vinculadas a las gestiones para presentar electores falsos en todo el país, aunque esa facultad de clemencia solo se aplica a cargos federales y no incide directamente en el proceso estatal de Nevada, según la cronología del caso de Wikipedia. La oficina de Ford no ha indicado si intentará volver a presentar algún cargo que siga siendo viable si fracasa la apelación, y no se ha fijado una nueva fecha de audiencia después de que una diligencia prevista para esta semana fuera cancelada tras la desestimación, según el Nevada Independent.

Por ahora, el efecto práctico es que, casi seis años después de las elecciones de 2020, solo uno de los siete estados donde se organizaron listas rivales de electores tiene un caso penal pendiente que sigue adelante. Que la apelación de Nevada reactive el proceso en ese estado, o que el caso de Wisconsin se convierta en la única vía restante para exigir responsabilidades a nivel estatal por la maniobra, dependerá de cómo interprete la Corte Suprema de Nevada las mismas deficiencias probatorias que han frenado repetidamente estos esfuerzos en otros lugares.